El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta declara como testigo en la causa por la crisis migratoria de julio, tras dimitir y revelar mensajes del CNI sobre una convocatoria en redes con 180.000 seguidores
Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, declaró este jueves como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma el pasado 29 de julio. Sanz, citado a mediodía, confirmó que recibió un mensaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el día 28 a las 13:52 horas, alertando de una convocatoria en redes sociales para un asalto a la valla y por mar el día siguiente, aprovechando la Fiesta del Trono marroquí. El mensaje señalaba que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían «liadas» y que dos grupos en redes con un total de 180.000 seguidores impulsaban la movilización.
Sanz respondió al CNI con la expresión coloquial «sus rilas», que refleja asombro, según consta en los mensajes. Su declaración llega tras presentar su dimisión como ex alto cargo, donde sostuvo que sí trasladó a sus superiores el aviso recibido. La jueza Tardón investiga una «conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero» que atacó la integridad territorial de España, según su auto. Además, asumirá formalmente la causa abierta contra el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió el lunes y abandonó la política tras dejar su cargo orgánico en el PSOE.
La comparecencia de Sanz se produce un día después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), declarara que el Gobierno central tenía más información que las autoridades locales. Vivas intentó contactar hasta 10 veces con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en los días previos a la crisis, pero solo fue atendido en 3 ocasiones por su jefe de gabinete, Diego Rubio, quien lo derivó a la Delegación del Gobierno. La investigación busca esclarecer cómo se gestionó la alerta y por qué no se actuó con mayor antelación para evitar la entrada de más de 10.000 migrantes en menos de 24 horas.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones políticas, donde el PP y Vox han acusado al Gobierno de negligencia, mientras el PSOE defiende que actuó con los datos disponibles. La jueza Tardón analiza ahora si hubo omisión de información o incumplimiento de protocolos que agravaron la crisis, un episodio que ha reavivado el debate sobre la gestión de fronteras y la coordinación entre instituciones.
La Audiencia Nacional ya había citado previamente al jefe de la policía local de Ceuta, y ahora avanza en la reconstrucción de los hechos con testimonios clave. La causa podría incluir cargos por prevaricación o desobediencia, según los primeros indicios, aunque aún no hay acusaciones formales contra ningún responsable.
