El informe de 36 páginas, elaborado por un detective privado, detalla presuntas irregularidades urbanísticas y conflictos de interés en Finestrat, con plusvalías de hasta 4,1 millones de euros
Juanan Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, enfrenta un informe ejecutivo de 36 páginas elaborado por un detective privado que le acusa de presuntos delitos como prevaricación urbanística y negociaciones prohibidas durante su etapa como alcalde de Finestrat. El documento, titulado ‘Informe ejecutivo – expediente CKV-2026/01-EJ v5’, alerta de un «riesgo penal real» y un «daño reputacional inmediato», con dos modificaciones urbanísticas en 2021 y 2025 que, según el informe, beneficiaron a empresas vinculadas a su entorno familiar con plusvalías de entre 400.000 y 4,1 millones de euros.
El PSPV ha confirmado que el dosier, que incluye un «resumen ejecutivo» de cuatro páginas, será remitido a la Fiscalía Anticorrupción para su evaluación. El informe detalla ocho «vectores de riesgo», entre ellos la revalorización de fincas rústicas tras decisiones municipales en la Avenida Benidorm y en el planeamiento urbanístico de Finestrat, donde Pérez Llorca fue alcalde hasta noviembre de 2025. El documento, anónimo y sin remite claro, advierte que una denuncia judicial «terminaría con su investigación penal segura» y menciona posibles filtraciones a medios o a la oposición política antes de las autonómicas de 2027.
El informe también señala a figuras cercanas a Pérez Llorca, como su pareja, la vicepresidenta de las Cortes Valencianas, Magdalena González de la Red, y el exdiputado David Serra, vinculado al caso Gürtel. Serra, amigo personal del presidente, recibió contratos de asesoría por 192.000 euros del Ayuntamiento de Finestrat mientras actuaba como defensor legal del entorno familiar de Pérez Llorca. El informe califica estas relaciones como «red flags» que podrían afectar al presidente por «exposición por arrastre».
Pérez Llorca, que se mostró «tranquilo» ante las acusaciones, retó al PSPV a llevar el dosier a los tribunales si lo poseen. «Si lo tienen, que lo presenten en el juzgado para que se investigue todo», declaró. El presidente valenciano ofreció incluso presentarlo personalmente ante la justicia. Mientras, el síndic del PSPV, José Muñoz, criticó en las Cortes Valencianas la existencia de estos «dosieres» internos, aunque sin revelar su contenido.
El informe, que menciona un posible origen en Génova (algo que la dirección nacional del PP niega), podría influir en la decisión del partido sobre su candidato a las autonómicas de 2027. Las acusaciones se centran en dos modificaciones urbanísticas: una en 2021, que supuso una plusvalía de 400.000 a 620.000 euros en fincas vinculadas a Pérez Llorca, y otra en noviembre de 2025, con un beneficio de 4,1 millones en terrenos familiares. El documento advierte de delitos como prevaricación (artículos 304 y 320 del Código Penal) y negociaciones prohibidas (artículo 439), además de cohecho y fraude administrativo en el caso de la Avenida Benidorm.
