La derecha evita propuestas concretas para evitar el desahucio de una anciana de 87 años en el pleno del Congreso
El pleno del Congreso del miércoles 1 de octubre centró el debate en la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas en su hogar. El Partido Popular y Vox, que intentaban mantener el foco en la crisis de Ceuta, se vieron obligados a posicionarse sobre un caso concreto que expuso la falta de respuestas tangibles para evitar desahucios en España.
Maricarmen se convirtió en símbolo de un problema estructural: según datos del Ministerio de Vivienda, más de 120.000 familias en España están en riesgo de desahucio este año, con un aumento del 15% respecto a 2025. El caso, que ya no se limita a un debate ideológico abstracto, ha puesto en evidencia las diferencias entre las propuestas del Gobierno y las de la oposición, que hasta ahora solo han ofrecido consignas sin medidas concretas.
El Partido Popular y Vox, que suelen alinearse en temas como la vivienda, no han presentado una solución unificada. Mientras el PP insiste en la necesidad de flexibilizar el mercado para bajar precios, Vox apuesta por ayudas directas sin detallar cómo se financiarían. La falta de consenso en la derecha contrasta con la presión social: según una encuesta de Metros copia publicada en septiembre, el 78% de los españoles considera prioritario regular los alquileres y evitar desahucios.
El debate en el Congreso refleja además una tensión política: el Gobierno, que ha impulsado el decreto de vivienda, enfrenta críticas por no haber incluido medidas urgentes para casos como el de Maricarmen. La oposición, por su parte, evita asumir responsabilidades directas, centrando sus ataques en la gestión del Ejecutivo sin proponer alternativas viables. La próxima votación sobre el decreto, prevista para el 10 de octubre, podría definir si el tema sale de la retórica y llega a soluciones reales.
Durante la sesión, el PP y Vox intentaron desviar la atención hacia la crisis de vivienda en Ceuta, citando la necesidad de reforzar la gestión de la zona y la importancia de la seguridad jurídica para los residentes. Sin embargo, la insistencia en mantener el foco en Ceuta fue percibida como una estrategia para evitar abordar el caso de Maricarmen, lo que provocó críticas de la oposición y de la ciudadanía que exige respuestas concretas para proteger a los ancianos y a las familias vulnerables.
