Dos meses después, miles de personas siguen en suelo ceutí y las expulsiones avanzan entre denuncias de violencia por parte de las ONG
Ceuta vivió el jueves pasado una crisis migratoria sin precedentes: más de 70.000 personas llegaron en pocas horas a una ciudad con solo 84.000 habitantes, multiplicando su población y colapsando sus servicios. La presión migratoria, habitual en la ciudad, alcanzó niveles históricos, con miles de personas —incluyendo menores— aún en el territorio y procedimientos de expulsión paralizados por la lentitud administrativa y un clima de tensión.
La llegada masiva superó cualquier registro anterior. Según los datos disponibles, la ciudad autónoma no estaba preparada para gestionar una afluencia de esa magnitud, lo que generó una quiebra social y una crisis humanitaria. Las ONG ya han denunciado agresiones por parte de efectivos militares durante los intentos de expulsión, mientras el Gobierno central y las autoridades locales trabajan para restablecer el orden y la normalidad.
Ceuta depende directamente del Ministerio del Interior para la gestión de fronteras, pero su capacidad de acogida y recursos son limitados. La situación se agrava porque, a diferencia de otros puntos de entrada en España, la ciudad no cuenta con centros de internamiento masivos ni infraestructuras diseñadas para crisis migratorias de esta escala. La lentitud en los procedimientos de expulsión —que suelen demorarse semanas— contrasta con la urgencia humanitaria, especialmente para menores no acompañados.
El episodio refleja los desafíos estructurales de Ceuta como enclave fronterizo: su ubicación geográfica la convierte en un punto de entrada clave para migrantes procedentes del norte de África, pero carece de los recursos equivalentes a los de otras regiones con mayor capacidad de respuesta. Mientras, la violencia denunciada por las ONG añade una capa de conflicto adicional, con posibles implicaciones legales y políticas para las fuerzas de seguridad involucradas.
En el espigón del Tarayal, el punto de desembarco más cercano a la ciudad, se registró una riada de migrantes que cruzaron a nado, evidenciando la urgencia y la falta de canales oficiales de entrada. Dos meses después, la ciudad aún no ha logrado recuperar la normalidad, con miles de migrantes, muchos menores, permaneciendo en suelo ceutí y los procedimientos de expulsión avanzando con lentitud en medio de un clima de violencia denunciado por las ONG.
