El Consejo Europeo sella este jueves la norma que permite enviar a migrantes irregulares a países no comunitarios, incluso sin vínculo previo con ellos
El Consejo de la Unión Europea (UE) dará este jueves su aprobación definitiva al nuevo Reglamento de Retorno, una norma que marca un giro en la política migratoria comunitaria al permitir expulsar a migrantes sin derecho a permanecer en la UE hacia terceros países, incluso si no son su país de origen. El Parlamento Europeo ya respaldó el texto en junio, tras un acuerdo previo entre ambas instituciones.
La medida, que entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la UE, amplía las opciones para rechazar solicitudes de asilo o expulsar a quienes carezcan de permisos de residencia, sin la obligación de devolverlos a su lugar de procedencia. Según el texto, estos países de destino podrían ser aquellos con los que la UE tenga acuerdos bilaterales o multilaterales para gestionar flujos migratorios, aunque no necesariamente sean su nación de nacionalidad.
La norma responde a la presión de varios gobiernos europeos por agilizar las expulsiones y reducir la carga sobre los sistemas de acogida, especialmente en países como Italia, Grecia y España, que enfrentan tensiones por la llegada masiva de migrantes en los últimos años. Sin embargo, su aplicación práctica dependerá de los acuerdos que cada Estado miembro logre negociar con terceros países, algunos de los cuales han sido criticados por condiciones de recepción cuestionables.
Un paso más allá de los acuerdos existentes
Hasta ahora, la UE ha buscado frenar las llegadas migratorias mediante acuerdos con países de tránsito o origen, como el pacto con Turquía en 2016 o las negociaciones con Túnez y Egipto. Sin embargo, el nuevo reglamento introduce un mecanismo más flexible: la posibilidad de enviar migrantes a países que no sean su lugar de procedencia, siempre que cumplan ciertos requisitos legales y de seguridad. Esto podría incluir naciones con las que la UE tenga convenios de readmisión o cooperación en materia migratoria, aunque no estén directamente vinculadas al itinerario del migrante.
La medida ha generado debate entre los Estados miembros. Mientras algunos, como Hungría o Polonia, la ven como una herramienta clave para reducir la inmigración irregular, otros, como Alemania o los países nórdicos, han mostrado reservas por posibles violaciones de derechos humanos en los países de destino. La Comisión Europea ha insistido en que la norma incluye salvaguardas para garantizar que las expulsiones se realicen de manera legal, segura y digna, aunque organizaciones de derechos humanos ya han advertido de riesgos.
¿Qué países podrían acogerse a este mecanismo?
Aunque el reglamento no especifica qué terceros países podrían ser destinatarios de estas expulsiones, fuentes diplomáticas citadas por info Libre señalan que varios gobiernos europeos ya están explorando opciones. Entre los posibles candidatos figuran países del norte de África, como Marruecos o Argelia, con los que la UE mantiene relaciones estrechas, así como naciones de América Latina o Asia con acuerdos previos de cooperación. Sin embargo, la viabilidad de estos envíos dependerá de la voluntad política de los países receptores y de la existencia de marcos legales que permitan su implementación sin vulnerar derechos fundamentales.
El nuevo reglamento también introduce plazos más cortos para los procedimientos de retorno: los Estados miembros deberán notificar a los migrantes su decisión de expulsión en un plazo de seis meses desde la denegación de su solicitud de asilo o residencia. Si el migrante no coopera o impide su expulsión, el plazo se reducirá a dos meses. Esta medida busca agilizar un proceso que, en muchos casos, se ha alargado durante años por la falta de acuerdos con países de origen o por recursos judiciales.
La aprobación definitiva por parte del Consejo Europeo este jueves cerrará un proceso iniciado en 2023, cuando la Comisión Europea propuso por primera vez reformar las normas de retorno para hacerlas más eficaces. El texto, negociado durante meses, refleja las divisiones internas en la UE sobre cómo gestionar la migración, pero también la creciente presión de los Estados miembros para encontrar soluciones más rápidas y menos costosas que la acogida tradicional.
