El decreto amplía incentivos del 90% al 100% y penaliza con hasta un 85% de pérdida de ventajas a quienes suban precios más del 5%
El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que extiende al 100% las bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan alquileres en más de un 5%, una medida que hasta ahora solo aplicaba en zonas pensionadas y con un límite del 90%. La norma, publicada hoy en el BOE, elimina también la restricción geográfica: ahora los caseros podrán acceder a estos incentivos en cualquier municipio, siempre que el nuevo contrato quede por debajo del índice de referencia del Ministerio de Vivienda.
La ley de vivienda de 2023 ya incluía estas bonificaciones, pero con dos limitaciones clave: solo para zonas pensionadas —actualmente Cataluña, Navarra, País Vasco, Galicia y parte de Asturias— y con un tope del 90%. El nuevo decreto elimina ambos obstáculos. Además, amplía al 95% la bonificación para contratos con inquilinos menores de 35 años (antes era del 70% en zonas pensionadas), aunque exige que el precio baje al menos un 5% respecto al anterior contrato. Fuera de estas zonas, la bonificación para jóvenes sube al 85%.
El decreto también introduce un sistema de penalizaciones para propietarios que suban los precios. Si el alquiler aumenta hasta un 5% respecto al contrato anterior, la bonificación en el IRPF cae al 40%. Si la subida supera el 20%, la bonificación se reduce al 15%. Mantener el mismo precio —con la actualización anual— mantiene la bonificación en el 50%. Estas medidas buscan incentivar la rebaja de precios en un mercado donde el 30% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda.
El Gobierno justifica el cambio con datos: el 60% de los municipios españoles supera el umbral del 30% de esfuerzo en vivienda, según el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el PP y otras comunidades gobernadas por este partido —como Madrid o Andalucía— han criticado en el pasado estas medidas, acusando al Ejecutivo de «intervenir en el mercado» sin resultados claros. La nueva normativa, sin embargo, no obliga a las autonomías a declarar zonas pensionadas, algo que el Gobierno ha usado históricamente como palanca para presionar a las regiones.
La medida llega tras meses de tensiones políticas por casos como el desahucio de Maricarmen, que desencadenó protestas masivas y obligó al Gobierno a acelerar reformas. El decreto se aprueba en un contexto de división interna en la coalición de Gobierno: Sumar, socio minoritario de Sánchez, había mostrado inicialmente escepticismo hacia los incentivos fiscales, pero finalmente ha aceptado el texto tras negociaciones.
