La presidenta interina del chavismo busca despenalizar acciones contra la oposición, en un giro que llega tras su reunión con Trump y la captura de Maduro
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, solicitó el lunes a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley contra el Odio —aprobada en 2017 por el chambismo— para reducir su alcance penal contra disidentes. La ley, criticada por organismos internacionales por usarse para perseguir a opositores, permite multas y bloqueos a medios y redes sociales que difundan mensajes «de odio» en solo seis horas.
Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, justificó el cambio como parte de un «proceso de reencuentro ciudadano» y lo anunció tras su visita a la ONU, donde se reunió con Donald Trump. El giro coincide con la captura de Nicolás Maduro en enero, que redefinió las relaciones entre Venezuela y EE.UU.
La ley, diseñada para «prevenir discriminación», ha sido usada para censurar medios y castigar a militares o policías que no actúen contra protestas. Ahora, el régimen propone ajustes en el marco de una reforma judicial más amplia, aunque sin aclarar qué acciones concretas quedarían despenalizadas.
Organismos como la ONU ya habían denunciado que la norma servía para «cercenar la libertad de expresión». Con la reforma, el chambismo busca presentar un rostro más moderado, aunque sin abandonar el control sobre el discurso público.
Entre los mecanismos más severos de la Ley contra el Odio se encuentran las multas elevadísimas que pueden alcanzar cientos de miles de bolívares, además del bloqueo de cuentas en redes sociales y la revocación de concesiones a medios de comunicación, tanto electrónicos como tradicionales. Asimismo, la normativa contempla penas de prisión de ocho a diez años para personal militar y policial que no atienda una situación que el gobierno considere violenta, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos sobre la posible persecución de la fuerza pública.
