El Govern catalán enfrenta 15 propuestas de resolución mientras docentes, vivienda y seguridad dominan el pleno final
Junts por Cataluña ha roto la tregua parlamentaria al presentar el jueves la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una propuesta que no tiene opciones de prosperar sin el apoyo de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) o Comuns. Mientras, el debate de política general en el Parlament de Cataluña llega a su recta final con 15 propuestas de resolución sobre la mesa, desde vivienda hasta educación, que el Govern deberá asumir si logran aprobación. La tensión política se dispara tras el conflicto con los docentes, las críticas por las pruebas PISA y las demandas de Junts para revisar el modelo educativo.
La propuesta estrella de Junts —reprobar a Illa— choca con la realidad parlamentaria: ERC y Comuns no respaldarán una moción que podría desestabilizar al Govern. Sin embargo, los convergentes insisten en señalar una «falta de proyecto y liderazgo» en el Ejecutivo, mientras exigen la dimisión de las conselleras de Educación (Esther Niubó) e Interior (Núria Parlon), una petición compartida por la CUP. El PP y los anticapitalistas, por su parte, piden la reprobación de todo el Govern, aunque sin el respaldo necesario para llevarla adelante.
El conflicto educativo ocupa un lugar central. Junts propone un «acuerdo de país» que priorice el catalán como lengua vehicular y premie el «esfuerzo», mientras ERC lleva al pleno su «contrato de país por la educación», con un plan de refuerzo escolar gratuito en toda Cataluña. El PSC se centra en proteger a los docentes y regular su autoridad, mientras el PP exige revisar la educación inclusiva y ampliar plazas de formación profesional. Vox, en cambio, aboga por centralizar la competencia educativa y convertir el castellano en lengua vehicular, una postura que choca frontalmente con el modelo autonómico actual.
En vivienda, las propuestas son tan dispares como los partidos. Junts y ERC reclaman reducir del 10% al 5% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de un primer piso, mientras Vox y Alianza Catalana exigen su supresión total. Los Comuns piden que la Generalitat compre 400 pisos a Blackstone y active una unidad antidesahucios, medidas que el PP rechaza frontalmente. Junts, por su parte, exige construir 25.000 viviendas al año y permitir a los ayuntamientos exigir hasta 10 años de empadronamiento para acceder a vivienda protegida, una propuesta que el PP tacha de especulativa.
El debate también incluye propuestas sobre seguridad, inmigración y transporte. Junts exige el traspaso total de Rodales y la gratuidad en trayectos superiores a 30 minutos, mientras el PP pide paralizar la transferencia y centrarse en mejorar el servicio. En inmigración, Vox propone priorizar la «nacionalidad española», ampliar los CIE y rechazar el reparto de menores no acompañados, en línea con su discurso de «control estricto». ERC y Comuns, en cambio, piden reforzar la lucha contra el racismo y crear una ley específica, mientras la CUP exige cerrar los CIE y unificar criterios de empadronamiento.
El Govern de Illa, con mayoría frágil, deberá gestionar un pleno donde cada partido defiende sus prioridades sin consenso. Las propuestas aprobadas —ya sean de Junts, ERC o el PSC— se convertirán en «asignaturas pendientes» que el Ejecutivo deberá resolver, aunque sin garantías de cumplimiento. La presión sobre Illa crece: si no logra negociar con Junts, el debate podría terminar sin acuerdos, dejando al Govern en una posición aún más débil de cara a las próximas elecciones.
