La Junta abre la vía administrativa para recuperar los 120.000 metros cuadrados de suelo protegido bajo el complejo turístico
La Junta de Andalucía ha dado el primer paso legal para desmantelar el hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería), un complejo turístico construido sobre 120.000 metros cuadrados de suelo protegido. El procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, iniciado el viernes, abre la vía administrativa para revertir la ocupación ilegal de estos terrenos, según ha confirmado la Consejería de Medio Ambiente.
El hotel, inaugurado en 2019, fue construido en una zona catalogada como espacio natural protegido dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su licencia urbanística fue anulada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras una denuncia de ecologistas, que alertaron de la destrucción de dunas y ecosistemas costeros únicos en Europa. La sentencia obligaba a la Junta a recuperar el terreno, pero el proceso judicial se alargó hasta ahora.
El procedimiento actual, que puede durar hasta 18 meses, incluye la demolición de las instalaciones y la restauración del terreno. La Junta ha anunciado que se coordinará con el Ayuntamiento de Carboneras, aunque este ha mostrado resistencia histórica a la medida, al depender el municipio del turismo generado por el complejo. El Gobierno andaluz, con 15 escaños en el Congreso, enfrenta además el riesgo político de una posible querella por parte de los promotores del hotel, que podrían alegar perjuicios económicos.
Este caso se suma a otros conflictos recientes por licencias urbanísticas irregulares en zonas protegidas, como el de la urbanización Mar de Ajoya en Málaga o el de la playa de Los Alemanes en Cádiz. La Junta ha priorizado estos expedientes tras la aprobación en 2025 de la Ley de Protección de Espacios Naturales, que endurece las sanciones por ocupación ilegal de suelos.
Con la nueva fase iniciada, la Junta de Andalucía ha abierto la vía administrativa para devolver los terrenos a una situación compatible con la protección que recae sobre ellos, lo que implica la aplicación de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad territorial y la coordinación con las autoridades locales y autonómicas para garantizar la correcta restauración del ecosistema.
