La proposición de ley, aprobada por unanimidad por el CGPJ, reduce plazos y elimina labores de refuerzo para agilizar la cobertura de plazas judiciales
El Pleno del Congreso votará hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PP que reformará el artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPE) para acortar el proceso de formación de los futuros jueces. La iniciativa, que sustituye el actual modelo de sustitución y refuerzo, establece un programa intensivo de al menos nueve meses combinando formación teórica y prácticas tuteladas simultáneas, con una fase de prácticas de cuatro meses en órganos judiciales.
La reforma elimina la última etapa actual, en la que los jueces en prácticas desempeñaban funciones de sustitución y refuerzo. Durante las prácticas, los aspirantes pasarán a denominarse ‘jueces adjuntos’ y podrán redactar borradores de resoluciones o dirigir actuaciones bajo supervisión, aunque sin asumir decisiones definitivas.
El PP justifica el cambio en la necesidad de reducir plazos sin afectar a la calidad formativa, alineándose con una propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 12 de marzo de 2026. Según el CGPJ, el modelo actual carece de autonomía formativa real y su supresión permite agilizar la cobertura de plazas judiciales.
La formación teórica mantendrá contenidos como el principio de igualdad, la legislación contra la violencia de género y los derechos de la infancia, con evaluación continua en ambas fases. Los aspirantes que superen el curso serán nombrados jueces por orden de propuesta de la Escuela Judicial, extendido por el CGPJ mediante orden.
La iniciativa busca mejorar la eficiencia en la selección de jueces, aunque su tramitación en el Congreso podría generar tensiones con el Gobierno y partidos como PSOE o Sumar, que podrían cuestionar el recorte de plazos o el impacto en la independencia judicial.
El CGPJ ya avaló el cambio por unanimidad
El Pleno del CGPJ aprobó el 12 de marzo de 2026 una propuesta similar, basada en la experiencia de la Escuela Judicial, que demostró que formación teórica y prácticas pueden desarrollarse de forma simultánea sin perder calidad. El informe del CGPJ argumenta que la fase de sustitución actual no aporta valor formativo, ya que reproduce funciones jurisdiccionales plenas, y su eliminación permite reducir plazos sin afectar a la capacitación técnica.
La propuesta del PP recoge literalmente los argumentos del CGPJ, incluyendo la necesidad de ‘un modelo intensivo e integrado’ con planificación pedagógica y evaluación continua. El texto destaca que la experiencia acumulada por la Escuela Judicial respalda la viabilidad del cambio, siempre que se garantice la coordinación entre ambas fases.
El PP acelera la renovación judicial
El PP busca acelerar la renovación de la Carrera Judicial, un tema clave en su estrategia de modernización institucional, aunque podría chocar con el Gobierno, que podría acusarle de politizar la justicia al reducir plazos. El PSOE y Sumar podrían criticar la medida por priorizar la velocidad sobre la formación, especialmente en áreas sensibles como violencia de género o derechos de la infancia, donde la especialización es clave.
Para el CGPJ, la reforma es una oportunidad para modernizar la selección de jueces sin perder rigor, aunque su apoyo unánime en marzo podría verse cuestionado si el Congreso introduce modificaciones. La Escuela Judicial, dependiente del CGPJ, será clave en la implementación, ya que deberá diseñar el plan docente y coordinar las prácticas.
El cambio también afecta a los aspirantes: 9 meses en lugar de los actuales 18-24 (incluyendo sustituciones) podrían reducir la saturación en los tribunales, pero algunos sectores jurídicos podrían alertar de un posible sobreesfuerzo formativo al comprimir el tiempo.
El PP elimina la fase de sustitución de la LOPE
El artículo 307 de la LOPE regula actualmente el proceso de formación de jueces, que incluye tres fases: un curso teórico-práctico, prácticas tuteladas y una etapa de sustitución y refuerzo en órganos judiciales. Esta última fase, que puede durar hasta 12 meses, es la que el PP propone eliminar, argumentando que ‘carece de autonomía formativa real’ y retrasa la incorporación efectiva de los jueces.
La reforma también modifica el nombramiento final: en lugar de basarse en el orden de antigüedad en las prácticas, se priorizará la propuesta de la Escuela Judicial, evaluada por el CGPJ. Esto podría aumentar la influencia del órgano de gobierno de los jueces en la selección, un aspecto que podría generar debate sobre la independencia del proceso.
El texto del PP no menciona explícitamente un plazo concreto para la aplicación de la reforma, pero su aprobación hoy en el Congreso sería el primer paso. Si prospera, el CGPJ y la Escuela Judicial tendrían que adaptar sus protocolos en un plazo de 12 a 18 meses, según estimaciones internas citadas en el documento.
La medida podría tener un impacto directo en la carrera judicial: actualmente hay más de 500 plazas vacantes en órganos judiciales, según datos del CGPJ de 2025. Acortar el proceso de formación podría ayudar a cubrirlas más rápido, pero también podría aumentar la presión sobre los jueces titulares, que deberán supervisar a los ‘jueces adjuntos’ durante las prácticas.
