El Gobierno de Perú oficializa un incremento en dos tramos hasta 1.300 soles (382 dólares) y un apoyo económico único para pequeñas empresas, mientras pide facultades al Congreso para legislar en seguridad y combate al fenómeno de El Niño
Keiko Fujimori, presidenta de Perú, firmó el lunes un decreto que eleva el salario mínimo del país en un 9% desde los 1.130 soles (332,3 dólares) hasta los 1.230 soles (361,7 dólares), con un segundo tramo de 70 soles (20,5 dólares) previsto para mediados de 2027. La medida, anunciada durante su toma de posesión el 28 de julio, busca cerrar brechas sociales y se aplicará en dos fases para evitar impactos inflacionarios, según explicó Fujimori en el Palacio de Gobierno de Lima.
El primer aumento entrará en vigor el 1 de octubre, mientras que el segundo tramo se implementará una vez superado el fenómeno climático de El Niño, que afecta actualmente al país. Además, el Gobierno destinará un bono de 100 soles (29,4 dólares) por trabajador a microempresas con hasta diez empleados, un apoyo único que busca impulsar la sostenibilidad de estas empresas.
La presidenta destacó que la decisión se tomó «de manera institucional» y fue aprobada por unanimidad en el Consejo Nacional del Trabajo, que agrupa a representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos. «Hoy es un día muy especial, que sobre todo da una señal de esperanza: el Gobierno está avanzando», declaró Fujimori tras la firma del decreto, acompañada por el vicepresidente Luis Galar reta, los ministros de Trabajo Juan Sheput y de Economía Elmer Cuba, y otros altos cargos.
Sheput subrayó que el aumento no tiene un «carácter populista» y que su diseño en dos tramos busca evitar efectos inflacionarios. Por su parte, Cuba explicó que el Ejecutivo estudió el impacto económico antes de implementar la medida, mientras que Galar reta recordó que el Gobierno cumple con sus promesas y pidió al Congreso que apruebe facultades legislativas para actuar en seguridad ciudadana, temas laborales, tributarios y para enfrentar los efectos de El Niño. «Ojalá se pueda recapacitar en el Congreso», añadió, advirtiendo que el Gobierno mantiene «paciencia democrática» en el proceso.
Un aumento progresivo para evitar tensiones económicas
El incremento del salario mínimo es el primer paso de un plan más amplio anunciado por Fujimori al asumir el cargo. La medida busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores peruanos, donde el salario mínimo actual (1.130 soles) es uno de los más bajos de la región. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), alrededor del 70% de la población económicamente activa en Perú gana menos de dos salarios mínimos, lo que refleja una alta desigualdad salarial.
El diseño en dos tramos responde a la necesidad de equilibrar el impacto social con la estabilidad económica. Perú enfrenta desafíos como la inflación (que superó el 3,5% en agosto) y la recuperación pospandemia, por lo que el Gobierno optó por un enfoque gradual. El segundo tramo, de 70 soles, se aplicará una vez que el país supere los efectos de El Niño, un fenómeno que ha generado inundaciones y afectado la agricultura, sectores clave para la economía local.
El bono para microempresas, por su parte, busca aliviar la carga financiera de pequeños negocios, muchos de ellos informales. Según la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el 95% de las empresas peruanas son micro o pequeñas, y el 60% de ellas tienen dificultades para mantener a sus trabajadores con salarios dignos. Este apoyo único, de 100 soles por empleado, se entregará en octubre y busca evitar despidos masivos ante el aumento de costos.
El Congreso y las facultades legislativas: el siguiente paso para el Gobierno
Mientras el Ejecutivo avanza con medidas económicas, el Gobierno de Fujimori enfrenta un desafío político: obtener del Congreso las facultades legislativas necesarias para implementar reformas en seguridad ciudadana, laboral y tributaria. Galar reta solicitó al Parlamento que apruebe estas facultades, que le permitirían legislar directamente en áreas críticas sin depender de la tramitación tradicional, que puede ser lenta.
El Congreso peruano, controlado por una coalición de partidos opositores, ha mostrado resistencia a conceder estas facultades. La presidenta del Legislativo, Maria Sumire, ha señalado que cualquier reforma debe ser debatida y aprobada con el debido proceso. Sin embargo, el Gobierno argumenta que la urgencia por enfrentar El Niño, la inseguridad ciudadana y la crisis económica justifica una acción más ágil.
Este conflicto institucional refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde Fujimori, de Fuerza Popular, gobierna con un Congreso fragmentado y sin mayoría clara. La aprobación de estas facultades sería un paso clave para que el Gobierno pueda implementar sus planes sin obstáculos parlamentarios, especialmente en áreas como la seguridad, donde Perú registra una de las tasas más altas de homicidios en la región.
Mientras tanto, el aumento del salario mínimo y el bono para microempresas son medidas que buscan ganar apoyo social en un contexto de alta polarización política. Fujimori, quien asumió el cargo tras una disputada elección en junio, enfrenta el desafío de consolidar su legitimidad en un país con profundas divisiones.
El próximo 15 de octubre, el Gobierno presentará un paquete de reformas económicas adicionales, que incluirán ajustes fiscales y medidas para atraer inversión extranjera. Estas iniciativas, junto con el aumento salarial, formarán parte de un plan más amplio para reactivar la economía peruana, que creció solo un 0,8% en el primer semestre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCRP).
