La minoría de la JEC propone criterios objetivos para evitar elecciones subjetivas en el censo de españoles en el extranjero
Cuatro de los trece vocales de la Junta Electoral Central (JEC) han publicado este lunes un voto particular en el que exigen revisar las inscripciones de más de 3.000 electores españoles en el extranjero —descendientes de exiliados por la guerra civil y el franquismo— por considerar que el actual sistema permite elecciones arbitrarias de municipio sin garantías. Los vocales Carlos Vidal, Fernando Marín, Javier Tajadura y Vicente Magro —todos del grupo conservador— critican que la instrucción aprobada el pasado jueves por la JEC, y publicada el viernes, no fija criterios objetivos para determinar a qué municipio español deben adscribirse estos votantes.
La Oficina del Censo Electoral (OCE) había diseñado un procedimiento según el cual estos electores —beneficiarios de la llamada ley de nietos— pueden elegir entre varios municipios españoles donde su ascendiente tuvo arraigo, sin que se verifique documentalmente la vinculación real. Según el voto particular, hasta ahora el elector decide unilateralmente su municipio de inscripción, adjuntando solo un documento genérico que supuestamente justifique su elección, pero sin comprobación adicional. Los cuatro vocales denuncian que la OCE ha limitado su labor a un control burocrático formal, sin revisar si la elección cumple los requisitos legales.
Para corregirlo, proponen determinar el municipio de inscripción de forma objetiva, priorizando la última vecindad administrativa del ascendiente en España —un criterio ya recogido en los 17 Estatutos de Autonomía y aplicado a otros electores—. Además, piden revisar todas las altas realizadas desde las elecciones de 2023, dando un plazo de tres meses a los afectados para justificar su elección actual. La JEC, en cambio, rechazó esta revisión en su decisión mayoritaria, argumentando que no hay pruebas de irregularidades sistemáticas.
El conflicto refleja una tensión institucional en la gestión del censo de residentes en el extranjero, un colectivo clave en elecciones como las de 2023, donde votaron 3,4 millones de personas (el 23% del censo total). La ley de memoria democrática, que permite la nacionalidad a descendientes de exiliados, ha añadido complejidad al sistema, al permitir inscripciones en municipios donde el votante nunca ha vivido. Los vocales discrepantes advierten de que, sin criterios claros, se debilita la confianza en el régimen electoral, históricamente considerado sólido.
La Oficina del Censo Electoral ya había alertado en informes internos sobre la falta de homogeneidad en los controles, pero la JEC optó por mantener la instrucción actual. Los cuatro vocales insisten en que, además de corregir el procedimiento futuro, deben anularse las inscripciones irregulares para evitar que afecten a futuros comicios. El debate llega en un momento en que el Congreso debate una reforma del Código Electoral para agilizar la participación de los españoles en el exterior, pero sin abordar aún estos vacíos.
