El presidente visita 42 pisos públicos en Barcelona por 500 euros al mes mientras su Gobierno debate limitar sus compras
Pedro Sánchez ha acusado este lunes a los fondos buitre de «especular con la vivienda» durante la visita a la promoción pública Illa Sibèria en Barcelona, un proyecto de 42 pisos en alquiler asequible (entre 429 y 501 euros/mes) gestionado por el Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat3. Mientras, el Gobierno negocia contrarreloj con sus socios un decreto para limitar la compra de viviendas por parte de estos fondos, que podría aprobarse el martes en Consejo de Ministros.
El proyecto, inaugurado en julio con una inversión de 7,9 millones (1,5 millones de fondos europeos), es un ejemplo del modelo que defiende Sánchez: vivienda pública, protegida y «para los vecinos, no para los fondos buitre». La promoción, en el barrio del Poblenou, forma parte de un modelo de promoción delegada donde el Ayuntamiento cede el terreno a una entidad sin ánimo de lucro (en este caso, Hàbitat3) para construir y gestionar las viviendas durante 75 años, tras los cuales pasarán a ser parque público municipal.
El decreto que negocia el Gobierno incluye medidas como prohibir a los fondos buitre comprar viviendas para alquiler turístico y priorizar el uso residencial. Sánchez, acompañado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, insistió en que la Ley de Vivienda ya permite a las comunidades autónomas aplicar estas restricciones, aunque su aplicación ha sido desigual en las regiones.
El contexto es clave: según datos del Ministerio de Transportes, el 30% de las viviendas en alquiler en España están en manos de fondos de inversión, un fenómeno que ha disparado los precios en ciudades como Barcelona y Madrid. La medida, si se aprueba, chocaría con el sector inmobiliario, que ya ha advertido de posibles recursos legales por considerar que vulnera la libertad de mercado.
Mientras, los socios de Sánchez, como Sumar, presionan para endurecer el texto. Fuentes del Gobierno confirman que el decreto podría incluir expropiaciones excepcionales de viviendas vacías, una medida que generaría tensiones con el PP y Vox, que ya han criticado la «intervención estatal» en el mercado.
