El Sindicato de Inquilinas acampa en Sol con 500 tiendas y exige al Gobierno una solución legal antes del Consejo de Ministros del martes
El Gobierno tiene 24 horas para evitar que Maricarmen, una mujer de 87 años, pierda su vivienda en el distrito de Retiro. Mientras, la Puerta del Sol se ha convertido en el epicentro de una protesta organizada por el Sindicato de Inquilinas, que exige la aprobación del llamado ‘decreto Maricarmen’ antes del Consejo de Ministros del martes. Desde el sábado, cientos de tiendas de campaña y toldos ocupan la plaza, con pancartas que señalan directamente al Gobierno de coalición —aunque evitan el tono frontal contra Pedro Sánchez— y carteles contra Isabel Díaz Ayuso y Almeida.
La diferencia con el 15M es clara: no hay un movimiento horizontal, sino una estructura jerárquica liderada por el Sindicato de Inquilinas, que controla la logística, las reivindicaciones y la comunicación. Su portavoz advirtió este lunes que el campamento no se levantará hasta que el Ejecutivo apruebe un decreto que cumpla sus demandas, entre ellas, la suspensión inmediata de desahucios para mayores de 65 años y la regularización de alquileres abusivos. El caso de Maricarmen, símbolo de la lucha, es el detonante: lleva décadas en su vivienda y enfrenta un nuevo desahucio.
Mientras los turistas evitan fotografiar el campamento —con carteles en inglés y español que prohíben grabar—, los comercios de Sol intentan mantener su rutina. Pero el contraste es evidente: donde antes había prisa, ahora hay pancartas de la CNT, el Sindicato de Estudiantes y asociaciones feministas. Todas exigen al Gobierno actuar, aunque ninguna acusa directamente a Sánchez. Solo una pancarta menciona al PSOE: «PSOE y Sumar responsables de nuestra miseria». La presión, sin embargo, va dirigida al Ejecutivo central, no a la oposición.
El plazo es ajustado. El Consejo de Ministros del martes decidirá si el ‘decreto Maricarmen’ —que ya circula en borrador— incluye medidas concretas. Si no lo hace, el campamento en Sol podría alargarse semanas, como ocurrió en 2011. Pero esta vez no hay un movimiento contra el sistema, sino una batalla legal: el Gobierno tiene hasta el martes para evitar que Maricarmen —y otros miles— pierdan su hogar.
