El departamento de Carlos Cuerpo y el Banco de España medirán el uso del Código de Buenas Prácticas tras el desalojo de una anciana por un fondo.
Los bancos españoles deberán remitir al Ministerio de Economía datos detallados sobre la aplicación práctica del Código de Buenas Prácticas. La iniciativa parte del departamento encabezado por Carlos Cuerpo en coordinación directa con el Banco de España, institución gobernada por José Luis Escrivá. La administración busca revisar los protocolos internos y las actuaciones desplegadas ante situaciones de desalojo hipotecario.
La decisión administrativa llega después del impacto generado por el caso de Maricarmen. Se trata de una mujer octogenaria con discapacidad que fue expulsada de su casa habitual en Madrid. La propiedad del inmueble correspondía a la firma inversora Urba gestión, por lo que el desalojo no partió de una entidad financiera tradicional. Pese a ese origen privado, el departamento ministerial ha decidido centrar su atención en la respuesta que ofrece la banca ante deudores vulnerables.
Los requerimientos oficiales exigirán desglosar el volumen total de lanzamientos ejecutados por cada entidad en proporción directa a su cuota de mercado. Economía elaborará un registro cuantitativo para evaluar si las entidades agotan las opciones de reestructuración de pasivo antes de acudir al auxilio de los tribunales. Las autoridades quieren verificar si se priorizan alternativas habitacionales frente a la vía ejecutiva judicial.
El funcionamiento operativo de las quitas y la dación en pago
El Código de Buenas Prácticas funciona mediante un sistema de adhesión voluntaria para las entidades de crédito. No obstante, una vez que la entidad firma el documento, el cumplimiento de las cláusulas resulta obligatorio frente a los prestatarios que reúnan las condiciones de renta fijadas. El protocolo persigue frenar la pérdida de la vivienda habitual en hogares con escasos recursos.
El esquema de protección se articula en distintas fases sucesivas. En un primer escalón, las entidades deben evaluar la reestructuración de la deuda hipotecaria pendiente. Este paso incluye la aplicación de periodos de carencia en la amortización del capital principal. También contempla rebajas en el tipo de interés aplicable durante un periodo determinado y quitas parciales sobre el saldo vivo.
Si el plan inicial resulta inviable para los ingresos demostrados por la familia, el marco normativo prevé fórmulas de alivio más intensas. Los bancos deben estudiar modificaciones contractuales con reducciones directas del principal adeudado. En última instancia, la regulación contempla la dación en pago, que cancela toda la deuda a cambio de la entrega de la vivienda. Este mecanismo asegura además un derecho de arrendamiento social protegido en el propio inmueble durante varios años.
El precedente legal de 2013 y el choque entre los partidos
La revisión de estos expedientes ha despertado desconfianza en el sector crediticio por los antecedentes normativos. En mayo de 2013 entró en vigor la Ley 1/2013, concebida para proteger a los deudores hipotecarios vulnerables mediante moratorias sobre las órdenes de lanzamiento judicial. El sistema exigía acreditar ante el juez umbrales concretos de ingresos familiares para frenar el desalojo.
Aquel texto legal de 2013 fijó supuestos específicos de protección para familias numerosas y unidades monoparentales con hijos a cargo. La norma amparaba a hogares con menores de tres años o miembros con discapacidad reconocida. Desde su aprobación parlamentaria inicial, la suspensión temporal de los desahucios para estos colectivos ha encadenado sucesivas prórrogas legislativas aprobadas por los distintos gobiernos.
El desalojo de la anciana madrileña ha desencadenado un cruce de acusaciones entre las distintas fuerzas políticas. El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, responsabilizó directamente de la situación al Ejecutivo autonómico. En contraposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recordó que la operación la ejecutó la Policía Nacional, cuerpo de seguridad subordinado a la administración central.
Desde los grupos parlamentarios de la izquierda se han reclamado medidas urgentes en el Consejo de Ministros. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, calificó lo sucedido como un punto de inflexión respecto a las operaciones de fondos inmobiliarios. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atribuyó responsabilidades compartidas al Gobierno central y al Partido Popular. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió aprobar un decreto inmediato para prorrogar la moratoria de lanzamientos.
La presión sobre la política de vivienda también alcanza a los socios parlamentarios del Ejecutivo en las Cortes Generales. Junts ha propuesto tramitar un decreto ley específico para prohibir los desahucios en supuestos particulares y reclama ayudas fiscales directas para los propietarios que alquilan sus inmuebles. El Gobierno ha comunicado que mantiene en estudio estas demandas tributarias. Paralelamente, el PNV ha instado a cerrar consensos políticos amplios para encarar las dificultades habitacionales que afronta el país.
