El Gobierno de Sánchez exige reconocimiento oficial del catalán en Bruselas como condición para apoyar la ampliación, en un pulso que ya ha sido rechazado por 20 de los 27 socios europeos
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha grabado un vídeo en euskera, gallego, catalán y castellano para exigir que estas lenguas sean oficiales en la Unión Europea. El Gobierno español ha amenazado con vetar la entrada de Montenegro —país candidato con fecha indicativa de adhesión en 2028— si la UE no reconoce el catalán como lengua oficial, una condición que ya ha sido rechazada por 20 de los 27 Estados miembros.
Esta estrategia responde a un acuerdo informal con Junts per Cataluña y Carles Puigdemont: cada vez que el Gobierno necesita su apoyo parlamentario —como ahora para los Presupuestos de 2027—, plantea de nuevo la oficialidad del catalán en la UE, pese a saber que no tiene respaldo unánime. La petición, ya rechazada en siete ocasiones anteriores, se enmarca en un contexto de tensiones con Bruselas tras la crisis de Ceuta, que ha debilitado aún más el capital político de Sánchez.
El reconocimiento del catalán —hablado por unos 10 millones de personas— choca con el montenegrino, idioma de solo 225.000 hablantes. La UE exige unanimidad para la ampliación, lo que permite a España (o cualquier país) vetar el proceso. Ejemplo reciente: Víktor Orbán bloqueó avances con Ucrania hasta su derrota electoral en abril de 2026. Ahora, diplomáticos europeos tachan la amenaza de «chantaje» y señalan que el Gobierno español «usa la ampliación como rehén de una cuestión doméstica».
La decisión sobre Montenegro no se adoptará hasta finales de 2027, tras las elecciones generales en España. Mientras, Puigdemont —quien ignora las negociaciones— sigue exigiendo avances en el reconocimiento del catalán como condición para mantener su apoyo a Sánchez. El pulso, sin embargo, ha aislado aún más al Ejecutivo en Bruselas.
El vídeo de Albares, difundido en X, TikTok e Instagram, concluye con la frase: «No pararemos hasta que la voz de toda nuestra ciudadanía resuene con plenos derechos en la Unión Europea». La publicación generó reacciones inmediatas en la comunidad europea, con varios diplomáticos calificando la postura española de una forma de presión indebida sobre la ampliación de la UE.
Fuente: El Español
