De Francisco Camps a Asunta Basterra, el sistema de jurados ciudadanos ha condenado a políticos y sentenciado a inocentes en casos que conmocionaron al país
Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, fue absuelto en 2012 por un jurado popular del delito de cohecho impropio en el caso de los trajes, donde se le acusaba de recibir 13.121 euros en ropa y accesorios entre 2005 y 2006. El veredicto, de cinco votos a favor y cuatro en contra, marcó un hito en la historia judicial española al exonerar a un político de alto nivel en un caso de corrupción con gran repercusión mediática. Junto a él, Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, también fue absuelto en el mismo proceso.
Cuatro años después, en 2016, otro jurado popular absolvió a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, y a Álex Debón, expiloto de motociclismo, del delito de cohecho por el cobro de una comisión ilegal en el patrocinio del aeropuerto de Castellón. El fallo, de siete votos a dos, cerró un caso que había mantenido en vilo a la opinión pública durante años.
Sin embargo, no todos los veredictos han sido tan controvertidos. Jaume Matas, expresidente de las Islas Baleares, fue condenado en 2010 a devolver 42.111 euros anuales que su esposa, Maite Areal, percibía sin justificación laboral. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia, que además incluyó una multa de 9.000 euros. Este caso, conocido como el de los sobresueldos, sentó un precedente en la lucha contra la corrupción política en las instituciones autonómicas.
Pero el sistema de jurados populares también ha sido criticado por errores judiciales graves. El caso más emblemático es el de Dolores Vázquez, condenada en 2004 a 15 años de prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof en Mijas (Málaga). Tras cinco años en prisión, su condena fue anulada en 2009 cuando pruebas de ADN demostraron que el verdadero culpable era Toni King, un británico que también había asesinado a Sonia Carabantes. En 2026, el Gobierno le concedió a Vázquez la Medalla a la Promoción de los Valores en Igualdad, 25 años después de los hechos.
El jurado popular también ha intervenido en casos de violencia de género y crímenes contra menores. En 2018, condenó a prisión permanente revisable a José Enrique Abuín Gey, alias ‘el Chicle’, por el asesinato de Diana Quer, una joven madrileña de 18 años desaparecida en Galicia en 2016. La prueba clave fue el hallazgo de su teléfono en la ría de Arousa, que permitió vincularlo al acusado.
En 2015, otro jurado popular sentenció a 18 años de prisión a Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres adoptivos de Asunta Basterra Porto, por su asesinato en 2013 en Teo (A Coruña). El crimen conmocionó a España y puso en evidencia los fallos en los sistemas de protección a menores.
El asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y dirigente del PP, en 2014, también fue juzgado por un jurado popular. Tres mujeres fueron condenadas: Montserrat González (22 años), Triana Martínez (20 años) y Raquel Gago (14 años). Según la sentencia, González actuó por venganza política, mientras que Martínez y Gago ocultaron el arma homicida.
Por último, el caso de José Bretón, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011, fue otro de los juicios más mediáticos. Bretón actuó como autor de un crimen de violencia vicaria, quemando los cuerpos de sus hijos para castigar a su expareja, Ruth Ortiz.
El sistema de jurados populares en España: origen y funcionamiento
El jurado popular en España se introdujo en 1995 con la Ley Orgánica del Poder Judicial, inspirada en modelos como el estadounidense. Su objetivo era democratizar la justicia al permitir que ciudadanos no juristas participaran en la toma de decisiones en casos graves, como delitos contra la libertad sexual, homicidios o corrupción política. Sin embargo, su aplicación ha generado debates sobre su eficacia y fiabilidad.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 1995 y 2026 se han celebrado más de 1.200 juicios con jurado popular en España. Estos casos suelen ser de alta complejidad y gran impacto mediático, lo que aumenta la presión sobre los jurados y, en ocasiones, la influencia de prejuicios o sesgos en sus decisiones.
Uno de los principales críticos del sistema es el Colegio de Abogados, que argumenta que la falta de formación jurídica de los jurados puede llevar a errores en la interpretación de pruebas o en la aplicación de la ley. Además, la publicidad de algunos casos, como los mencionados, ha generado dudas sobre la imparcialidad de los veredictos.
¿Por qué estos casos han marcado un antes y después en la justicia española?
Estos juicios no solo han tenido un impacto legal, sino también político y social. Casos como el de Francisco Camps o Jaume Matas pusieron en evidencia la corrupción en las instituciones autonómicas, mientras que otros, como el de Dolores Vázquez, revelaron fallos graves en las investigaciones policiales y judiciales. La absolución de políticos como Camps o Fabra generó escepticismo sobre la capacidad de los jurados para juzgar casos complejos, mientras que condenas como la de Bretón reforzaron la percepción de que el sistema puede ser justo cuando las pruebas son contundentes.
Además, estos casos han influido en la percepción ciudadana sobre la justicia. Encuestas como las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que, aunque la mayoría de los españoles apoya la figura del jurado popular, muchos cuestionan su eficacia en casos de alta relevancia mediática. La polémica alrededor de estos veredictos ha llevado a propuestas de reforma, como la limitación de su uso a delitos específicos o la introducción de mayores garantías para evitar errores judiciales.
En el ámbito político, estos casos han sido utilizados como argumentos en el debate sobre la reforma de la justicia. Partidos como el PP y Vox han defendido un endurecimiento de las penas y una mayor implicación de los jurados en casos de violencia de género, mientras que formaciones como Podemos y Unidas Podemos han abogado por una revisión del sistema para evitar sesgos y garantizar mayor transparencia.
El caso de Asunta Basterra, en particular, llevó a una reforma legislativa en 2015 que reforzó los mecanismos de protección a menores y agilizó los procesos judiciales en casos de violencia contra la infancia. Mientras, el error judicial en el caso de Dolores Vázquez impulsó cambios en los protocolos de análisis de ADN y en la formación de los agentes judiciales.
Hoy, el sistema de jurados populares sigue siendo un tema de debate en España. Mientras algunos lo ven como un avance democrático, otros lo consideran un riesgo para la seguridad jurídica. Lo cierto es que, en los últimos 31 años, estos tribunales han dejado una huella imborrable en la justicia española, con casos que han marcado un antes y después en la historia judicial del país.
