La decisión judicial sobre la Ley de Memoria Democrática abre una incertidumbre diplomática que podría redefinir la relación consular con América Latina
El Tribunal Supremo ha generado un efecto imprevisto en la política migratoria española: su interpretación sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática podría otorgar la nacionalidad española a 300.000 personas solo en los consulados de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según fuentes diplomáticas consultadas por ABC. La medida, que amplía el plazo para reclamar la ciudadanía por vínculos históricos, ha activado un proceso masivo de solicitudes que las oficinas consulares no estaban preparadas para gestionar.
El Partido Popular (PP) ha mostrado su preocupación por las implicaciones de esta decisión, que podría alterar los equilibrios demográficos y políticos en España. Aunque el Supremo no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, la interpretación aplicada en México —y que podría extenderse a otros países latinoamericanos— ha acelerado los trámites administrativos en los consulados afectados. Las fuentes consultadas por ABC advierten de que el volumen de solicitudes podría saturar los sistemas de verificación documental en los próximos meses.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, ya había generado controversia por su enfoque en la reparación histórica para descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo ha abierto una nueva vía para reclamar la nacionalidad, incluyendo a personas con abuelos españoles que nunca habían solicitado el trámite. En el caso de México, el consulado de Ciudad de México ya había registrado un aumento del 40% en solicitudes desde el inicio del año, pero la nueva interpretación judicial podría multiplicar esa cifra.
El impacto en la diplomacia hispano-mexicana
La reacción del Gobierno mexicano aún no ha sido oficial, pero fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores han señalado a ABC que están evaluando el impacto de esta medida en el flujo migratorio bilateral. España y México mantienen un acuerdo de cooperación en materia de migración, pero la afluencia masiva de nuevos ciudadanos españoles podría generar tensiones en la gestión consular. Además, el PP ha criticado la falta de coordinación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Tribunal Supremo, argumentando que una decisión de tal calibre debería haber sido consultada previamente con las embajadas.
El caso mexicano no es aislado: otros consulados en América Latina, como los de Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile, también podrían verse afectados si el Supremo aplica la misma interpretación en otros países. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, más de 1,5 millones de personas tienen pendiente algún trámite de nacionalidad española en el extranjero, y la decisión del Supremo podría reactivar muchos de esos expedientes.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno español aún no ha reaccionado formalmente, pero el Ministerio de Justicia está revisando si la interpretación del Tribunal Supremo se ajusta a los plazos establecidos en la ley. Mientras tanto, los consulados afectados han comenzado a reorganizar sus equipos para hacer frente al aumento de solicitudes. En Ciudad de México, por ejemplo, se ha activado un protocolo de emergencia que incluye la contratación de personal temporal y la digitalización acelerada de los trámites.
El PP ha anunciado que presentará una pregunta parlamentaria para exigir aclaraciones sobre cómo se gestionará este proceso y qué medidas se tomarán para evitar colapsos administrativos. Por su parte, el Gobierno deberá decidir si apela la decisión del Supremo o si, por el contrario, asume el nuevo escenario y adapta sus políticas migratorias a la nueva realidad.
