Fuentes policiales confirman que la medida permitiría ‘devoluciones en caliente’ y frenar el efecto llamada de las mafias
El Gobierno estudia declarar a Ceuta como ‘ciudad-frontera’ para acelerar la expulsión de los migrantes que entraron durante la crisis de julio, según fuentes policiales consultadas por ABC. La medida, que aún no tiene fecha concreta, permitiría aplicar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ —expulsiones inmediatas en la frontera— y cortar el flujo de llegadas al desmantelar el discurso de las redes criminales que prometen regularización y libre circulación en Europa.
La designación de Ceuta como ‘ciudad-frontera’ implicaría un cambio en su estatus actual bajo la Ley de Extranjería. Hasta ahora, las expulsiones desde la ciudad autónoma siguen el procedimiento ordinario, más lento, que obliga a esperar a que el Tribunal Supremo (TS) valide cada caso. Las ‘devoluciones en caliente’, en cambio, se ejecutan sin pasar por juzgados y solo requieren el visto bueno de la Guardia Civil y la Policía Nacional en colaboración con las autoridades marroquíes.
Esta medida afectaría directamente a los más de 10.000 migrantes que llegaron a Ceuta en julio y que, según datos de Interior, aún no han sido identificados o expulsados. Las fuentes consultadas destacan que el principal obstáculo no es legal, sino logístico: Marruecos exige garantías de que no se repetirán escenas como las de la valla de Melilla en junio, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes reprimieron a los migrantes con gases lacrimógenos y disparos.
El efecto llamada es otro de los objetivos clave. Las mafias aprovechan la percepción de que España permite regularizar a quienes llegan, incluso sin documentos. Según informes de la Guardia Civil, el 80% de los migrantes que intentan entrar por Ceuta lo hacen guiados por redes que prometen acceso a Europa. La medida buscaría romper ese ciclo al hacer públicas las expulsiones inmediatas, aunque no eliminaría por completo el fenómeno.
La decisión, que depende de un acuerdo entre el Ministerio del Interior —dirigido por Fernando Grande-Marlaska— y la Generalitat de Ceuta, aún no tiene fecha. Fuentes del Gobierno señalan que se priorizará una solución consensuada con las comunidades autónomas para evitar recursos judiciales, como ocurrió con la ley de seguridad ciudadana en 2022, que el TS declaró parcialmente inconstitucional.
