El presidente ucraniano califica de fraudulentas las votaciones en Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia, Crimea y Sebastopol y comparte datos con aliados para coordinar represalias
Volodimir Zelenski ha firmado este sábado un decreto que impone sanciones a cuatro personas vinculadas a elecciones celebradas en territorios ucranianos ocupados por Rusia, calificadas como «ilegales» y «fraudulentas». Entre los sancionados figuran la propagandista Irina Kuksenkova y el exdiputado ucraniano Iuri Onishchuk, quien colaboró con las autoridades rusas tras la ocupación de Melitópol en 2022.
El decreto, difundido por la Presidencia ucraniana, detalla que las elecciones en Donetsk, Lugansk, Jergón, Zaporiyia, Crimea y Sebastopol —regiones bajo control ruso desde la invasión de 2022— carecen de «fundamento jurídico» y violan el Derecho Internacional, incluyendo el Reglamento de La Haya y el Convenio de Ginebra. Zelenski subrayó que estos procesos están «plagados de fraude, votaciones forzosas y cifras manipuladas», y que su objetivo es legitimar la ocupación militar rusa.
Las sanciones, aplicables a quienes «actúan en interés de Rusia», incluyen a funcionarios locales elegidos en estos territorios y a cómplices del Estado agresor. Ucrania compartirá la información con sus aliados para coordinar represalias en sus respectivas jurisdicciones, según el documento.
El marco legal: ¿Por qué Ucrania considera ilegítimas estas elecciones?
El decreto se basa en tres principios clave del Derecho Internacional: primero, la ocupación militar no confiere soberanía sobre un territorio, como establece el artículo 42 del Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante alterar las leyes locales. Segundo, cualquier elección organizada bajo ocupación es nula si no respeta las normas democráticas previas al conflicto, según la Corte Internacional de Justicia. Tercero, el Reglamento de La Haya (1907) prohíbe a la potencia ocupante imponer su administración civil sin consentimiento del pueblo ocupado, lo que Ucrania denuncia que Rusia incumple al organizar estos comicios.
Estas elecciones, celebradas en septiembre de 2026, fueron boicoteadas por la comunidad internacional, que las tachó de «pantomima» para legitimar la anexión rusa. La OSCE y la UE ya habían advertido de irregularidades, como la exclusión de partidos ucranianos y la presión sobre la población para votar. Zelenski citó cifras de participación «manipuladas» y testimonios de votantes obligados a participar bajo amenaza.
¿Qué implicaciones tiene este decreto para la guerra en Ucrania?
El decreto tiene tres consecuencias inmediatas: primero, refuerza la postura ucraniana ante la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga crímenes de guerra rusos en estos territorios. Segundo, presiona a los aliados de Ucrania —como Estados Unidos y la UE— para que apliquen sanciones adicionales a los sancionados, aunque hasta ahora Bruselas y Washington han evitado medidas directas contra funcionarios de territorios ocupados por temor a escalar el conflicto. Tercero, acelera la preparación de un posible referéndum de anexión en estos territorios, que Rusia podría celebrar en 2027 para consolidar su control, según analistas como Oleksandr Danylyuk, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania.
El decreto también busca aislar diplomáticamente a Rusia. Zelenski anunció que Ucrania compartirá pruebas de fraude con la ONU y la OSCE para que condenen estas elecciones, aunque hasta ahora estos organismos han evitado pronunciamientos contundentes por miedo a agravar la crisis humanitaria. La OTAN, por su parte, podría usar el decreto para justificar un aumento de ayuda militar a Ucrania, aunque hasta ahora su enfoque se ha centrado en armamento, no en sanciones a figuras locales.
Para los territorios ocupados, el decreto significa un endurecimiento de la resistencia ucraniana. En Crimea, por ejemplo, donde Rusia organizó un referéndum de anexión en 2014, la población local vive bajo represión: según Human Rights Watch, desde 2022 se han registrado 120 casos de desapariciones forzosas en la región. Las sanciones a figuras como Kuksenkova —conocida por su propaganda a favor de la anexión— podrían aumentar la presión sobre la población, ya que muchos de estos funcionarios son responsables de la represión local.
En el plano interno, el decreto refuerza la narrativa de Zelenski sobre la «guerra híbrida» rusa, que combina invasión militar con tácticas legales y mediáticas. Sin embargo, también genera dudas sobre su eficacia: hasta ahora, las sanciones occidentales a Rusia han tenido un impacto limitado en su capacidad militar, y las medidas contra figuras locales podrían ser vistas como simbólicas. La UE, por ejemplo, ya sancionó a 1.200 personas vinculadas a la guerra, pero solo 15 de ellas son rusas; el resto son oligarcas o funcionarios de territorios ocupados.
El decreto no menciona plazos ni detalles sobre las sanciones concretas, pero fuentes cercanas a la Presidencia ucraniana confirmaron a The Objective que incluirán congelación de activos en el extranjero y prohibición de entrada a la UE. Sin embargo, su aplicación dependerá de la respuesta de los aliados: si Estados Unidos y la UE no actúan, las sanciones podrían quedar en papel mojado, como ocurrió con las medidas contra funcionarios de Donetsk en 2023, que no tuvieron efecto práctico.
