El rechazo llega tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, y antes del Consejo de Ministros del martes
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha denunciado este sábado que las medidas que el Gobierno podría aprobar el próximo martes para blindar la prohibición de desahucios «legitiman la okupación» y benefician a las mafias que se lucran con las viviendas ocupadas. En un comunicado, la plataforma advierte de que, bajo el argumento de proteger a los vulnerables, estas decisiones «blindan de facto el negocio de las mafias okupas» y envían un mensaje de impunidad a quienes ocupan viviendas de grandes tenedores.
El rechazo llega en un contexto de alta tensión política tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que perdió su vivienda de alquiler el pasado miércoles tras vivir allí 70 años. Este caso ha colocado el problema de la okupación en el centro del debate público, con una manifestación convocada este mismo sábado en Madrid. La Plataforma critica que prohibir desalojos en grandes tenedores sin distinguir casos concretos alimenta la idea de que ocupar viviendas corporativas o de fondos carece de consecuencias.
Sumar, partido que forma parte de la coalición de Gobierno, ha advertido que no asistirá al próximo Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto de vivienda que estaba previsto para julio. La Plataforma antiocupación insiste en que trasladar el coste de la emergencia habitacional a terceros es inaceptable y que las medidas actuales consolidarían la impunidad de los okupas.
El Consejo de Ministros del martes podría ser clave para definir el marco legal de los desahucios en España, con implicaciones directas para grandes tenedores, fondos de inversión y propietarios afectados por ocupaciones. La plataforma advierte de que, sin distinciones claras, las medidas actuales podrían agravar el problema en lugar de resolverlo.
La Plataforma también señala que el decreto de vivienda, que se había programado para su aprobación en julio, incluiría disposiciones que limitarían la posibilidad de desalojos en inmuebles de grandes tenedores, lo que, según la organización, reforzaría la posición de los grupos de okupas y de los mafiosos que se benefician de la ocupación irregular.
