El Ejecutivo busca un acuerdo de mínimos para evitar nuevos desahucios, pero las posturas de Junts y Podemos siguen enfrentadas en medidas clave como expropiaciones o bonificaciones fiscales
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, anunció hoy que el Gobierno acelerará la aprobación del real decreto de medidas urgentes en vivienda este martes, tras el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad reconocida que perdió su hogar en Madrid. Fuentes gubernamentales confirmaron que el contexto ha cambiado tras la retransmisión en directo del desalojo, lo que ha presionado a los grupos parlamentarios para buscar un acuerdo de mínimos.
El Ejecutivo, que tiene potestad para aprobar el decreto en cualquier momento, ha optado por esperar a contar con apoyos suficientes en el Congreso para su convalidación. Según las mismas fuentes, el desahucio de Maricarmen —que permanece ingresada en hospital tras abandonar su vivienda tras 70 años— ha actuado como catalizador para que partidos como Junts y Podemos, hasta ahora enfrentados, revisen sus posturas.
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, entregó hace dos semanas al presidente Pedro Sánchez una propuesta que el Gobierno estudia con «buenos ojos», según fuentes cercanas. Sin embargo, Sumar mantiene su postura a favor de expropiar el piso de Maricarmen para realojarla, una medida que el ministro Félix Bolaños descartó el viernes desde Bilbao por «no tener encaje constitucional». Pablo Bustinduy, ministro de Sumar, respondió que seguirán defendiendo la expropiación, que consideran «de sentido común» y amparada en la legislación actual.
El objetivo ahora es evitar una nueva derrota como las sufridas en febrero y abril de 2026, cuando Junts sumó sus votos a PP y Vox para bloquear iniciativas del Gobierno. Las negociaciones se prolongarán durante el fin de semana, con el plazo límite de 30 días para convalidar el decreto en el Congreso.
El punto de inflexión: el desahucio de Maricarmen y su impacto social
El caso de Maricarmen —una mujer con discapacidad y sin alternativa habitacional— se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda tras ser retransmitido en directo. Su desahucio, ordenado por un fondo propietario, ha movilizado a la opinión pública y presionado a los partidos para actuar. El Gobierno valora este episodio como un «punto de inflexión» que ha obligado a revisar estrategias, aunque las diferencias persisten: mientras Junts prioriza medidas para propietarios (como bonificaciones fiscales), Podemos insiste en expropiaciones y control de precios.
Las posturas en conflicto: Junts vs. Sumar en el real decreto
Junts ha flexibilizado su postura tras romper relaciones oficiales con el Gobierno en 2025, pero mantiene su rechazo a expropiaciones. Su propuesta, entregada a Sánchez, busca equilibrar medidas para arrendadores y arrendatarios, aunque sin llegar a las demandas de Sumar. Por su parte, Podemos —que forma parte de la coalición Sumar— insiste en que la expropiación del piso de Maricarmen es una solución viable, a pesar de la oposición del Gobierno.
El ministro Bolaños argumentó que las expropiaciones «no llevan a ninguna parte» y carecen de respaldo legal claro, mientras Bustinduy defendió que la medida es constitucional y «de sentido común». La tensión entre ambos ministerios refleja la división interna en el Gobierno sobre cómo abordar la emergencia habitacional.
El calendario crítico: 30 días para evitar otra derrota parlamentaria
El real decreto debe convalidarse en el Congreso antes de 30 días, un plazo que el Gobierno busca cumplir para evitar repetir los fracasos de febrero y abril de 2026. En ambas ocasiones, Junts votó en contra junto a PP y Vox, lo que obligó al Ejecutivo a retirar las propuestas. Esta vez, las fuentes consultadas señalan que el Gobierno prioriza un «acuerdo de mínimos» para prohibir o limitar desahucios, aunque sin llegar a las medidas más radicales.
La negociación incluye la posibilidad de incluir cláusulas para proteger a colectivos vulnerables, como Maricarmen, pero sin expropiaciones. El objetivo es lograr apoyos transversales, incluso de partidos no aliados, para garantizar la aprobación. Sin embargo, el rechazo de Sumar a ceder en este punto podría complicar el proceso.
Mientras, el fondo propietario que desalojó a Maricarmen ha anunciado que no tiene intención de negociar la devolución del piso, lo que deja sin solución inmediata a la anciana, aún hospitalizada. Su caso sigue siendo el eje central de las negociaciones, con el Gobierno bajo presión para actuar antes de que el plazo de 30 días expire.
