El SUP y Jupol exigen investigar la cadena de mando tras el desalojo de una anciana de 87 años en Retiro
Los sindicatos de la Policía Nacional defienden la actuación de los antidisturbios durante el desahucio de Maricarmen en el distrito madrileño de Retiro. La mujer desalojada tiene 87 años y cuenta con una discapacidad reconocida. Las organizaciones policiales sostienen que los agentes ejecutaron una orden judicial directa. A su vez, exigen que la investigación oficial revise la totalidad del operativo y las órdenes recibidas, en lugar de centrarse únicamente en vídeos breves difundidos en redes sociales.
La controversia surge tras el anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre la apertura de pesquisas internas. Activistas, miembros del Sindicato de Inquilinas y diversos cargos públicos denunciaron el uso de espray policial y golpes en la espalda o la cabeza durante la protesta ciudadana. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) recuerdan el derecho a la presunción de inocencia de los funcionarios. La organización ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los agentes intervinientes frente a las acusaciones de brutalidad policial.
Por su parte, el sindicato Jupón censura la postura del delegado del Gobierno, Francisco Martín. La organización acusa a la institución estatal de eludir su responsabilidad sobre el despliegue de las Unidades de Intervención Policial (UIP). Jupón señala que el Ejecutivo respalda a los agentes al ejecutar resoluciones judiciales complicadas, pero luego cuestiona públicamente su trabajo cuando surgen imágenes polémicas. El mando orgánico y político de estas unidades recae funcionalmente en la Delegación del Gobierno y en el Ministerio del Interior.
Fuentes del Ministerio del Interior recalcan la vigencia de los protocolos internos ante posibles excesos en las intervenciones públicas. Los representantes de los agentes recuerdan que los operativos de las UIP sufren cuestionamientos habituales en situaciones de alta tensión social. Este debate sobre la proporcionalidad de la fuerza policial ya ocurrió en protestas pasadas ante el Congreso de los Diputados o sedes de partidos. Ahora, las pesquisas de la Delegación del Gobierno deberán esclarecer si la actuación en Retiro respetó las instrucciones de la comisión judicial.
