El chavismo y la oposición acuerdan el consejo que filtrará a los 32 nuevos magistrados, en un proceso que podría extenderse semanas
Caracas, 26 de septiembre de 2026— El chambismo y un sector de la oposición venezolana han acordado este viernes los siete juristas que integrarán el consejo encargado de evaluar las credenciales de los 32 candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya renovación total fue pactada en agosto. El órgano, conformado por Belén Ramírez Land aeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardo ni Govea, dará inicio a un proceso que expertos estiman podría prolongarse durante semanas.
Según un comunicado conjunto, este consejo —cuyos miembros no han detallado su trayectoria profesional— será clave para filtrar a los aspirantes, en un contexto donde el actual TSJ está acusado por la oposición de servir al Gobierno de Nicolás Maduro y de haber validado su reelección en 2024, cuestionada por fraude. Las partes también han convenido avanzar en la próxima sesión de la Asamblea Nacional para designar la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y publicar el cronograma del procedimiento.
El acuerdo llega tras un segundo ciclo de diálogos, donde la oposición anunció el inicio formal del proceso de designación de magistrados el pasado 18 de septiembre, tras la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, publicada en Gaceta Oficial. Esta modificación, aprobada por unanimidad en el Parlamento chavista el 1 de septiembre, amplía el comité de postulaciones de 21 a 23 miembros —11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil—, lo que, según sectores opositores, podría introducir mayor equidad en un proceso que busca renovar por completo un tribunal señalado como parcial.
El contexto legal: cómo la reforma abre (y cierra) puertas
La reforma del artículo 65, aprobada sin objeciones, es el resultado de meses de negociaciones entre el Gobierno y la oposición moderada, que buscan dar legitimidad a un proceso judicial que hasta ahora ha sido percibido como controlado por el oficialismo. Sin embargo, el aumento de representantes de la sociedad civil —ahora con mayoría en el comité— no garantiza transparencia: la oposición ha denunciado en el pasado que estos espacios suelen ser cooptados por aliados del chambismo. Además, el cronograma aún no publicado podría incluir plazos dilatados, como ya ocurrió en 2020, cuando la renovación parcial del TSJ se extendió durante meses.
El TSJ actual, con 32 magistrados, ha sido el principal garante legal del Gobierno de Maduro, desde la anulación de la Asamblea Nacional en 2020 hasta la validación de elecciones cuestionadas internacionalmente. Su renovación total, pactada en agosto, es uno de los puntos clave del diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, junto con la liberación de presos políticos y la reorganización del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el proceso enfrenta escepticismo: en 2017, la oposición boicoteó las elecciones para renovar el TSJ, acusando al Gobierno de manipular el proceso.
¿Qué se juega cada bando?
Para el chambismo, la renovación del TSJ es una oportunidad para consolidar su control sobre el poder judicial, aunque la inclusión de figuras de la sociedad civil —incluso opositoras— podría suavizar su imagen internacional. La oposición, por su parte, ve en este acuerdo una posibilidad de recuperar influencia en una institución que ha sido clave para deslegitimar su liderazgo. Sin embargo, el riesgo es que el proceso se convierta en un nuevo frente de tensión: si el consejo filtrado por el actual TSJ —controlado por el oficialismo— rechaza a candidatos opositores, el diálogo podría romperse antes de que se designen los nuevos magistrados.
Mientras, la comunidad internacional observa con recelo. Organismos como la Unión Europea han exigido elecciones libres y transparentes, pero sin mecanismos de presión efectivos. En este escenario, el cronograma publicado en las próximas semanas será clave: si se alarga más allá de lo esperado, podría reactivar las acusaciones de que el proceso es una farsa para perpetuar al chambismo en el poder.
El siguiente paso será la publicación del calendario detallado, que incluirá plazos para la presentación de candidatos, su evaluación por el consejo y, finalmente, su designación por la Asamblea Nacional. Hasta entonces, el TSJ seguirá operando con sus actuales magistrados, cuya legitimidad sigue siendo cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela.
