La Comisión Europea da dos meses a 20 países, incluido España, para transponer la directiva de 2024 que endurece penas y refuerza la protección de víctimas, incluyendo la explotación online
La Comisión Europea ha abierto este viernes un expediente sancionador contra España y otros 19 Estados miembros por no haber transpuesto en plazo la reforma de la directiva contra la trata de seres humanos, aprobada en 2024. El Ejecutivo comunitario exige a los gobiernos implicados —entre ellos Alemania, Francia, Italia, Polonia y Portugal— que adapten sus legislaciones nacionales en los próximos dos meses, antes de que Bruselas eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ).
La directiva, acordada por los Veintisiete y el Parlamento Europeo en diciembre de 2024, introduce cambios clave como la penalización del matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada cuando se utilicen con fines de explotación. También obliga a los Estados a tipificar como delito la contratación de servicios sexuales con víctimas de trata, incluso cuando los clientes sean conscientes de la situación. Además, exige la creación de mecanismos nacionales de derivación para víctimas y puntos de contacto transfronterizos.
España, junto a países como Bélgica, República Checa o Grecia, debe implementar estas medidas antes de que la Comisión envíe un dictamen motivado y, en última instancia, lleve el caso al UJUÉ. El procedimiento, que ya ha comenzado con la apertura del expediente, da un plazo de dos meses para resolver las deficiencias detectadas.
La reforma busca reforzar la lucha contra nuevas formas de explotación, incluyendo las que ocurren en línea, y garantizar una mejor asistencia a las víctimas. Según el comunicado de Bruselas, los Estados miembros tenían hasta julio de 2026 para notificar la transposición completa de la directiva, pero muchos —como España— no lo han cumplido.
El expediente sancionador es el primer paso en un proceso que podría derivar en multas millonarias si los países no actúan. La Comisión Europea ha subrayado que la directiva busca «dotar a las autoridades públicas de herramientas más eficaces» para investigar y perseguir estos delitos, que afectan a miles de personas en la UE cada año.
La apertura del expediente contra España llega en un contexto en el que el Gobierno ya ha sido criticado por organizaciones como Save the Children o Amnistía Internacional por la lentitud en la aplicación de medidas contra la trata. Según datos de la Oficina de Asuntos Europeos del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 1.245 víctimas de trata en España, un 12% más que en 2024, aunque expertos señalan que la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de denuncias.
¿Qué implica el expediente sancionador para España?
El expediente sancionador no es una multa automática, sino un proceso en tres fases. En la primera, la Comisión Europea abre un diálogo con el Gobierno español para identificar las deficiencias y proponer soluciones. Si en dos meses no se resuelven, Bruselas emitirá un dictamen motivado, dando un último plazo para actuar. Si persisten las irregularidades, el caso se llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), que podría imponer sanciones económicas.
Para España, este procedimiento tiene un peso político adicional. El Gobierno de Pedro Sánchez ya enfrenta críticas por su gestión en materia de derechos humanos, especialmente en áreas como la violencia de género o la protección de menores. La apertura del expediente podría reforzar las posturas de la oposición, que exige mayor celeridad en la aplicación de leyes europeas.
Además, el incumplimiento de la directiva contra la trata afecta directamente a las víctimas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. La nueva normativa europea obliga a los Estados a garantizar asistencia integral, incluyendo alojamiento, atención médica y apoyo psicológico. En España, según informes de la Fiscalía General del Estado, solo el 30% de las víctimas recibe ayuda especializada tras ser identificadas.
El contexto: ¿por qué la UE presiona ahora?
La directiva de 2024 es una revisión de la normativa de 2011, que ya establecía medidas contra la trata, pero que los expertos consideran insuficiente frente a las nuevas formas de explotación. La presión de Bruselas responde a datos alarmantes: según la Oficina Europea de Policía (Europol), en 2025 se detectaron 15.000 víctimas de trata en la UE, un aumento del 30% respecto a 2023. Las redes criminales han adaptado sus métodos, utilizando plataformas digitales para reclutar víctimas y explotarlas.
La Comisión Europea ha insistido en que la nueva directiva no solo endurece las penas, sino que también facilita la cooperación entre Estados miembros. Por ejemplo, obliga a los países a designar coordinadores nacionales contra la trata y a actualizar sus planes de acción cada dos años. España, sin embargo, aún no ha nombrado a estos responsables en varias comunidades autónomas.
El expediente sancionador también llega en un momento en que la UE está reforzando su lucha contra la explotación sexual y el trabajo forzoso. En los últimos meses, Bruselas ha abierto investigaciones similares contra países como Hungría por incumplir la directiva de igualdad de género o Polonia por retrasos en la aplicación de normas contra el fraude fiscal. La presión sobre España podría intensificarse si no se actúa con rapidez.
Para las víctimas, el retraso en la transposición de la directiva significa menos protección y más dificultades para acceder a la justicia. Según Carmen González, directora de Fundación ANAR, «la trata es un delito que se alimenta de la impunidad. Si los Estados no cumplen las leyes europeas, los criminales seguirán operando sin consecuencias».
El Gobierno español aún no ha reaccionado oficialmente, pero fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a The Objective que están trabajando en la adaptación de la legislación nacional. Sin embargo, el plazo de dos meses es ajustado, y la complejidad de coordinar entre el Estado y las comunidades autónomas podría retrasar aún más la implementación.
