La Mesa analiza este martes aplicar el artículo 101 del Reglamento para sancionar a la diputada del PP, acusada de portar un arma en pleno debate sobre Ceuta
Ana Vázquez, portavoz del PP en la Comisión de Interior, podría ser suspendida temporalmente como diputada tras exhibir un bote de gas pimienta durante una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado miércoles. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, estudiará este martes si abre un expediente al amparo del artículo 101 del Reglamento, que prohíbe portar armas en sede parlamentaria.
El incidente ocurrió durante un debate sobre la situación en Ceuta, donde Vázquez acusó al Gobierno de no proteger a los menores, que según ella recurren a estos instrumentos para defenderse. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le ordenó salir del hemiciclo y entregar el bote a la Policía, pero Vázquez lo entregó primero a un trabajador del Grupo Popular para verificar que estuviera vacío. La medida podría derivar en una suspensión temporal, votada en sesión secreta, o incluso en la remisión de los hechos a la justicia si se considera delito.
El episodio dejó varias personas atendidas por inhalación de gas pimienta, que se detectó en dependencias del Congreso, incluyendo una cafetería precintada. La Policía precintó varias dependencias del Congreso, entre ellas una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta procedente supuestamente de un spray vaciado en un baño, y varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos de la Cámara.
El artículo 101 del Reglamento del Congreso permite sancionar a diputados que porten armas, con penas que van desde un apercibimiento hasta la suspensión temporal. En casos graves, la Mesa debe derivar el asunto a la justicia. La decisión final dependerá de si la Mesa considera que Vázquez incumplió deliberadamente la normativa.
Este caso se suma a la escalada de incidentes en el Congreso, donde el PP ha intensificado su crítica al Gobierno por la gestión de Ceuta. Mientras, la oposición exige respuestas urgentes, y el Gobierno se enfrenta a un debate sobre seguridad y derechos humanos en la frontera.
