La presidenta del TSJEx y el fiscal superior alertan de ‘extrañeza y confusión’ ciudadana por presiones a jueces como Beatriz Biedma, mientras el Gobierno regional advierte de ‘régimen dictatorial’
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y el fiscal superior de la comunidad, Francisco Javier Montero Juanes, han defendido este viernes en Cáceres la independencia judicial en Extremadura durante el VI Congreso de la Abogacía Extremeña, en un contexto marcado por las denuncias de la jueza Beatriz Viedma sobre presuntas maniobras para obtener información sobre ella y su entorno tras instruir la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Tena situó la independencia judicial como «principio esencial constitucional» y advirtió de que los ataques contra el Poder Judicial generan «extrañeza y confusión» entre los ciudadanos. Por su parte, Montero Juanes rechazó cualquier tipo de presión política: «En Badajoz y Cáceres se actúa con absoluta independencia, sin recibir órdenes de ningún tipo», aseguró durante el acto.
El vicepresidente extremeño y consejero de Presidencia, Abel Bautista, elevó el tono al calificar el momento de «máxima gravedad» y alertó de que la persecución a jueces podría derivar en «un régimen dictatorial». Su intervención refuerza el debate sobre la autonomía judicial en un contexto donde casos como el de Viedma —que denunció movimientos para espiar a su entorno— han puesto en tensión la relación entre el Gobierno central y los tribunales.
El conflicto se enmarca en la investigación abierta por la Audiencia Nacional tras las acusaciones de Viedma, quien solicitó ser reconocida como perjudicada para ejercer la acusación particular. La respuesta institucional, tanto desde el TSJEx como desde la Fiscalía, subraya la preocupación por un posible deterioro del Estado de derecho en Extremadura, donde el caso Sánchez —vinculado al entorno familiar del presidente del Gobierno— ha concentrado la atención mediática y política.
En la audiencia, Viedma pidió a la Audiencia Nacional que la reconociera como perjudicada, lo que le permitiría ejercer la acusación particular en la investigación abierta. Este paso subraya la gravedad de las presuntas maniobras y la necesidad de proteger la independencia de los jueces frente a posibles interferencias externas.
