La Unión Progresista de Fiscales reclama reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger a mayores, discapacitados y dependientes en lanzamientos
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido hoy que la Fiscalía pueda intervenir en procedimientos de desahucio que afecten a personas vulnerables, como la octogenaria Maricarmen, desalojada este miércoles en Barcelona tras vivir 70 años en la misma vivienda.
La asociación considera que la falta de participación del Ministerio Público en estos casos es una «grave omisión» del sistema procesal. Aunque existen informes sociales para evaluar vulnerabilidad, UPF reclama que la Fiscalía defienda jurídicamente a estos colectivos —menores, personas con discapacidad, mayores o dependientes— antes de ejecutar un lanzamiento.
La propuesta, dirigida a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, busca una intervención «puntual y especializada» solo en casos de riesgo real, sin cuestionar los derechos de los propietarios. UPF subraya que, aunque los informes sociales son «imprescindibles», no sustituyen la protección jurídica directa.
El caso de Maricarmen, de 87 años, ha servido para visibilizar esta laguna legal. La UPF insiste en que la sociedad exige «respuestas jurídicas efectivas y humanas» en situaciones de máxima vulnerabilidad, donde el Ministerio Fiscal debería actuar como garante de derechos.
La asociación aclara que no cuestiona la resolución judicial ni los derechos de los propietarios, sino que propone un mecanismo para garantizar que, cuando una persona vulnerable esté detrás de un desahucio, sus derechos cuenten con protección legal antes de la ejecución.
