El Ministerio Fiscal pide la pena más alta para Marco Antonio Navarro Tacoronte, mientras el sobrino de Fuentes y otro implicado enfrentan ocho y once años respectivamente
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este martes el juicio oral de la pieza principal del caso Mediador, uno de los mayores escándalos de corrupción en Canarias. Catorce encausados, entre ellos el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, comparecen ante el tribunal, que deberá decidir sobre las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal: 13 años de prisión para Navarro Tacoronte, 11 para Taishet Fuentes —sobrino de Juan Carlos Fuentes, exconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias— y ocho para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’.
El caso Mediador, que estalló en 2024, investiga una red de sobornos y prevaricación vinculada a la adjudicación de contratos públicos en el ámbito de la mediación. Entre los encausados figuran políticos, empresarios y funcionarios, con cargos que abarcan desde la administración autonómica hasta ayuntamientos. La trama se centró inicialmente en la isla de Gran Canaria, pero su alcance se extendió a Tenerife y otras zonas, revelando una red de influencias que afectó a licitaciones millonarias.
El juicio oral llega tras años de instrucción y un proceso judicial marcado por retrasos y recursos. El Ministerio Fiscal ha basado su acusación en pruebas documentales y testimoniales que, según fuentes judiciales, demuestran pagos irregulares a cambio de favores en la adjudicación de contratos. Navarro Tacoronte, considerado el ‘cerebro’ de la trama, enfrenta las penas más altas por su presunta dirección de la red corrupta.
El caso Mediador ha tenido un impacto político significativo en Canarias, con implicaciones para partidos como el PP y el PSOE, que han visto afectados a cargos públicos vinculados a la trama. La apertura del juicio oral marca un punto clave: si los encausados son condenados, podría redefinir la percepción de la gestión pública en la región y abrir la puerta a demandas de responsabilidad política.
El proceso se desarrollará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con un plazo estimado de varias semanas para la fase de declaraciones y pruebas. Las penas solicitadas reflejan la gravedad con la que el Fiscal considera el caso, aunque la sentencia final dependerá de la valoración del tribunal sobre la culpabilidad de cada uno de los encausados.
