El Ayuntamiento de Santa Cruz recurre la orden estatal de retirada y tramita su propia protección municipal, mientras dos asociaciones se enfrentan por la financiación de los litigios
El Gobierno de Canarias ha rechazado declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto escultórico conocido como el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, una decisión publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 12 de agosto mediante el Decreto 131/2026. La resolución, aprobada el 27 de julio por el Ejecutivo autonómico, cierra el procedimiento iniciado para otorgar protección patrimonial al monumento, pero no frena su retirada, ordenada por el Gobierno central en un plazo de seis meses.
La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife ha anunciado que llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz ante los tribunales por incumplir la orden estatal. La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez, ha denunciado que el Consistorio, propietario del vestigio franquista, recurre la resolución del Estado e intenta protegerlo a través de su catálogo de bienes patrimoniales. Para financiar los litigios, la asociación ha solicitado recursos económicos y jurídicos a las administraciones públicas, amenazando con una campaña de crowdfunding si no los obtiene.
El conflicto judicial se intensifica con tres vías abiertas por el Ayuntamiento. En primer lugar, un recurso administrativo contra la resolución de la Dirección General de Memoria Democrática, que incluye el monumento en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. El Consistorio argumenta que su retirada podría dañar el Fuerte de Almeida, cuyos muros perimetrales podrían verse afectados. Además, tramita una protección municipal para la obra de Juan de Ávalos y estudia un recurso contencioso-administrativo contra la decisión autonómica.
Frente a esta postura, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha criticado el uso de fondos públicos para litigios, destacando que sus acciones —incluidas investigaciones y campañas— se financian exclusivamente con aportaciones de socios y colaboradores. La entidad, que recurrirá la decisión autonómica, subraya que el plazo de seis meses para la retirada comenzará cuando decaiga el régimen de protección del monumento, un extremo aún pendiente de resolución.
El marco legal del conflicto se enmarca en la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar símbolos franquistas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz alega competencias municipales sobre patrimonio y valores artísticos y urbanos del conjunto. El alcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que la decisión autonómica no cierra todas las vías disponibles, mientras la Asociación de Memoria Histórica advierte de que la judicialización de estos procesos supone una carga económica para los colectivos de víctimas.
Fuente: La Razón
