Los dos expresidentes advierten de que la alianza continental impulsada por Washington compromete la autonomía estratégica y la defensa nacional
Una carta conjunta firmada por Gabriel Boric y Michelle Bachelet pide a José Antonio Kast reconsiderar la entrada de Chile en el Escudo de las Américas. Los dos expresidentes socialistas remitieron este jueves el documento al actual mandatario tras formalizarse la adhesión nacional a la alianza de seguridad continental. La iniciativa fue promovida por Donald Trump y congrega a una quincena de Gobiernos conservadores de la región.
El mandatario chileno comunicó la integración en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ante ese paso, los exjefes de Estado expresaron su «preocupación» por las implicaciones del acuerdo. Ambos sostienen que la cooperación internacional contra el crimen organizado resulta indispensable. Sin embargo, recalcaron que debe ejecutarse «resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera».
El texto de los expresidentes advierte sobre las fórmulas de integración regional promovidas desde Washington. «Nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una soberanía continental puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido», subrayaron Michelle Bachelet y Gabriel Boric. A su juicio, el escenario geopolítico no debe forzar al país a «escoger un bando». En su lugar, demandaron preservar la «autonomía estratégica» y afianzar vínculos exteriores sin mandatos externos.
La defensa de La Moneda frente al bloque opositor
Desde Nueva York, José Antonio Kast rechazó las objeciones de la oposición parlamentaria chilena. Distintos sectores críticos atribuyen al proyecto norteamericano un «afán hegemónico». El mandatario negó haber recibido presiones directas de la Casa Blanca para rubricar el pacto.
«Nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado», aseguró José Antonio Kast durante su estancia en territorio estadounidense. El gobernante descartó que las maniobras conjuntas mermen las potestades territoriales chilenas.
La Moneda anunció formalmente el ingreso este martes, destacando ventajas tácticas a corto plazo. El Ejecutivo sostiene que el mecanismo aporta «beneficios operacionales inmediatos» en materias de inteligencia e intercambio de información. Asimismo, el acuerdo contempla programas de «capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)«.
Alcance del pacto continental y objetivos de seguridad
El Escudo de las Américas comenzó su andadura el pasado mes de marzo. La reunión fundacional tuvo lugar en un complejo privado de Donald Trump situado en Miami. Desde entonces, el proyecto articula la colaboración policial y judicial de una quincena de administraciones americanas frente a redes delictivas complejas.
La alianza incluye a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Chile. La Casa Blanca elaboró un catálogo con 25 organizaciones criminales consideradas prioritarias. La lista recoge grupos de alcance regional como el Tren de Aragua, las facciones ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, y las bandas brasileñas Primero Comando da Capital (PCC) y Comando Vérmelo.
Las directrices difundidas por la administración norteamericana van más allá de la persecución penal ordinaria. El documento formal incorpora medidas vinculadas al desarrollo económico y la protección de infraestructuras digitales. Además, fija parámetros conjuntos para salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos de los Estados participantes.
Tradición diplomática y tensiones en política exterior
La controversia abierta por Gabriel Boric y Michelle Bachelet enlaza con la doctrina de política exterior mantenida por Chile tras el retorno a la democracia en 1990. La diplomacia chilena ha basado tradicionalmente su inserción global en el multilateralismo estricto, la apertura comercial no condicionada y la preservación de la soberanía jurídica en foros internacionales. La firma de tratados bilaterales con potencias diversas ha evitado históricamente la alineación automática en bloques militares cerrados.
El debate cobra relieve ante el perfil exportador de la economía chilena. El país figura como uno de los principales productores mundiales de cobre y litio, materias primas esenciales en la transición energética global. La inclusión de minerales críticos en los acuerdos de defensa coordinados por Washington introduce factores geopolíticos en la gestión de recursos estratégicos nacionales.
La presidencia de la República concentra las atribuciones constitucionales exclusivas para conducir las relaciones internacionales y negociar tratados de cooperación técnica. Pese a estas prerrogativas del Ejecutivo, la presión coordinada de las dos figuras más representativas de la centroizquierda chilena busca condicionar la ejecución práctica de los convenios bilaterales. El pronunciamiento conjunto reabre la pugna parlamentaria en Santiago sobre el equilibrio entre la colaboración operativa contra el narcotráfico y la independencia del Estado frente a grandes potencias.
