La exsecretaria general del PSOE en Argentina admitía en audio usar documentos de fallecidos para inflar el voto exterior; el partido la mantuvo en sus filas pese a la denuncia interna
Lorena Suárez, exsecretaria general del PSOE en Argentina, dimitió en agosto de 2024 tras grabarse pidiendo a militantes falsificar pasaportes de fallecidos para votar en las elecciones generales españolas de 2023.
En un audio filtrado y compartido con afiliados, Suárez instruía a un militante no identificado a conseguir «fotocopias del pasaporte» de familiares muertos —como el de «tu papá» o «tu tía la que se murió»— para enviar votos por correo hasta el 18 de julio de 2023, fecha límite. La maniobra aprovechaba la reciente supresión del voto rogado, que eliminaba la obligación de presentar documentación oficial para solicitar el voto desde el exterior.
El PSOE argentino denunció el caso ante el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, tachando las prácticas de Suárez de «poco democráticas». Aunque ella renunció por «falta de confianza», el partido no la expulsó ni abrió expediente. Sí lo hizo con Gustavo López Pardo, secretario de organización que filtró el audio, quien fue cesado por la dirección nacional.
Suárez, vinculada a la Ley de Memoria Democrática —que movilizó a electores españoles en Argentina—, había asistido al Comité Federal del PSOE en Madrid en 2023, donde posó junto a Pedro Sánchez. El caso resurge ahora al coincidir con el debate sobre el voto exterior, clave en comicios como los de 2023, donde el PSOE obtuvo el 37,5% de los votos emitidos desde el extranjero.
El CRE, organismo adscrito al consulado español, no ha confirmado si investigó las acusaciones. El PSOE argentino opera desde 2024 bajo una gestora controlada desde Ferraz, sede nacional del partido en España.
La denuncia fue presentada por la propia secretaría general bajo la supervisión de Pilar Cancela, quien en ese momento era responsable del partido en el exterior y que posteriormente ocupó la secretaría de Estado de Migraciones. Cancela, al recibir la información sobre la supuesta práctica, remitió el caso al CRE para que se tomaran las medidas pertinentes, aunque el organismo no ha emitido un comunicado oficial sobre la investigación.
