El PSOE negocia a contrarreloj un texto de consenso tras el desahucio de Maricarmen y las exigencias de sus socios, mientras ERC critica priorizar a Junts y Podemos pide expropiar 650.000 pisos de fondos buitre
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, llevará el decreto de vivienda al próximo Consejo de Ministros con el objetivo de convalidarlo en el Congreso, en una carrera contra el tiempo para evitar una ruptura con Sumar y superar el veto de Junts. La presión social tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada tras 70 años en su vivienda, y las exigencias de los socios de coalición —que amenazan con bloquear la investidura— han acelerado las negociaciones. Sumar ha transmitido al PSOE un ultimátum: el decreto debe aprobarse el próximo martes, o la coalición entrará en crisis.
El texto, que ya fue tumbado en el Congreso en mayo por PP, Vox y Junts, enfrenta ahora obstáculos internos. Aunque la Abogacía del Estado lo avaló como constitucional, los socios progresistas exigen ajustes. Junts insiste en bonificaciones fiscales a caseros para movilizar vivienda, una medida rechazada por ERC, que acusa al PSOE de ceder demasiado a los convergentes. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, criticó este jueves que el Gobierno negocie primero con Junts antes que con los partidos de izquierdas, y advirtió: *»Si Junts no quieren votarlo, que se retraten y se hundan en las encuestas»*.
Mientras, EH Bildu adopta un tono conciliador. Oskar Matute, diputado abertzale, reconoció que el partido «tendrá que asumir ciertas cuestiones, aunque no nos satisfagan del todo», pero evitó críticas directas al Gobierno. En cambio, Podemos mantener su postura radical: Ione Belarra tachó las propuestas del Ejecutivo de *»maquillaje»* y exigió la expropiación de los 650.000 pisos en manos de fondos buitre para destinarlos a alquiler social.
El decreto, que busca regular el fraude en el alquiler y garantizar estabilidad a inquilinos, se enfrenta a un dilema: o se aprueba con concesiones a Junts —arriesgando el rechazo de ERC y Podemos—, o se pospone, arriesgando una crisis con Sumar. El PSOE, presionado por las encuestas y las movilizaciones sociales, apuesta por un texto de consenso con *»soluciones estructurales»* en dos ejes: combatir el fraude y movilizar vivienda asequible. Pero el tiempo se agota.
El precedente del desahucio de Maricarmen y el peso de las movilizaciones
El caso de Maricarmen Abascal, desalojada en agosto tras que un fondo de inversión multiplicara el precio de su alquiler, ha actuado como detonante. Las imágenes del desahucio —con la anciana saliendo en ambulancia— movilizaron a la opinión pública y obligaron al Gobierno a actuar. Pedro Sánchez, desde Nueva York, calificó el caso de *»tragedia social»* y advirtió: *»Estas medidas no tienen color político»*. La presión social, unida a los cálculos electorales —con las generales a la vista—, ha acelerado las negociaciones.
El PSOE ya vivió un episodio similar en marzo, cuando Sumar paralizó un Consejo de Ministros hasta que se aprobara su plan de vivienda. Aunque el texto fue avalado por la Abogacía del Estado, el Congreso lo rechazó dos meses después. Ahora, con la investidura en juego, el Ejecutivo no puede permitirse otro varapalo. Las fuentes del Gobierno reconocen que la *»complejidad aritmética»* —vetos cruzados entre socios— obliga a negociar *»a contrarreloj»*.
Las posturas en conflicto: de ERC a Podemos, ¿quién cede y quién se retrata?
ERC exige medidas concretas contra la especulación, como su propuesta de regular alquileres turísticos y de habitaciones, que consideran clave para frenar la pérdida de vivienda asequible. Rufián insistió en que el Gobierno debe ofrecer primero las medidas pactadas y obligar a Junts a *»retratarse»*, no al revés. *»Si no quieren votarlo, que asuman las consecuencias»*, advirtió.
Por su parte, Podemos mantener su línea más radical. Belarra rechazó cualquier concesión a Junts y exigió la expropiación masiva de pisos vacíos, una medida que el PSOE ha descartado por su coste y complejidad legal. EH Bildu, en cambio, apuesta por la negociación. Matute admitió que el partido *»no colmará todas sus aspiraciones»*, pero evitó confrontaciones directas con el Gobierno.
El escenario más probable es un decreto de vivienda *»de mínimos»*, con medidas contra el fraude y algún incentivo para movilizar vivienda, pero sin las expropiaciones radicales que pide Podemos ni las bonificaciones fiscales que exige Junts. El PSOE, en la cuerda floja, intenta equilibrar las demandas de sus socios sin romper la coalición. Pero el tiempo —y las encuestas— juegan en contra.
¿Qué pasa si no hay acuerdo? El riesgo de una crisis en la investidura
Si el decreto no se aprueba antes de la investidura, Sumar podría bloquear el proceso, como amenazó en marzo. El partido ya ha dejado claro que *»se acabó el tiempo»* para negociaciones. Junts, por su parte, podría mantener su veto, lo que dejaría al texto en punto muerto.
El PSOE tiene dos opciones: aprobar un decreto con concesiones a Junts —arriesgándose a la ira de ERC y Podemos—, o posponerlo y enfrentar una crisis con Sumar. La primera opción podría debilitar la alianza progresista; la segunda, retrasar una reforma urgente y perder apoyo social. Pedro Sánchez necesita un texto que sobreviva al Congreso, pero también evitar una fractura en su gobierno.
Mientras, las movilizaciones continúan. El caso de Maricarmen ha servido como símbolo de una crisis de vivienda que afecta a miles de familias. Si el decreto no se aprueba, el Gobierno enfrentará no solo el rechazo parlamentario, sino también el descontento social. La pregunta es: ¿logrará el PSOE un acuerdo a tiempo, o la vivienda se convertirá en el talón de Aquiles de la legislatura?
