El president promete destinar el 6% del PIB a educación y recupera las lecturas obligatorias en Bachillerato a partir de 2027, pero los sindicatos mantienen las huelgas y exigen la dimisión de Niubó
Salvador Illa, president de la Generalitat, ha convocado este viernes a todos los grupos parlamentarios catalanes —excepto Vox— para abrir un diálogo sobre la crisis educativa tras los resultados de PISA, que sitúan a Cataluña en el furgón de cola en Europa. La reunión busca consensuar una hoja de ruta antes de abril, con medidas concretas como recuperar las lecturas obligatorias en Bachillerato —a partir del curso 2027-2028— y potenciar el cálculo mental y el uso del papel en las aulas. Illa ha descartado por ahora una remodelación de su Gobierno, pero la presión crece: los sindicatos USTEC y CGT mantienen las convocatorias de huelga, y partidos como Junts, PP y CUP exigen la dimisión de la consellera de Educaciónn, Esther Niubó.
Por primera vez, Alianza Catalana —que hasta ahora rechazaba cualquier diálogo con el Govern— participará en la mesa. Illa ha encargado al presidente del Consejo de Educación de Cataluña (CEC), Joan Manuel del Pozo, liderar un debate territorial con toda la comunidad educativa para blindar el sistema en la próxima década. El objetivo es desvincular la discusión de las reivindicaciones salariales de los docentes y centrarla en resultados académicos, aunque el Govern aún no ha fijado plazos para cumplir su promesa de destinar el 6% del PIB a educación, una demanda histórica.
El president atribuyó el fiasco en PISA a un «descuido o negligencia» de su conselleria, aunque insistió en que el descenso de resultados no es responsabilidad directa de su Gobierno, sino heredado. Niubó, sin embargo, sigue al frente pese a las críticas. Las elecciones sindicales de marzo podrían abrir una ventana para renovar interlocutores y rebajar la tensión, pero de momento, las convocatorias de huelga continúan.
El contexto: cómo llegó Cataluña a este punto
Los resultados de PISA 2022 —publicados en diciembre de 2023— mostraron un descenso histórico en matemáticas, lectura y ciencias para Cataluña, con el 42,3% de alumnos con dificultades significativas en comprensión lectora, muy por encima de la media europea. El Govern recibió siete avisos previos sobre este problema, pero no actuó a tiempo. La consellera Niubó eliminó en 2024 las lecturas obligatorias en Bachillerato —una medida que ahora intenta revertir—, y los centros educativos catalanes arrastran una alta tasa de abandono escolar (14,5% en 2025, según datos del Departamento d’Educació), superior a la media española.
El conflicto con los sindicatos se agravó en 2025, cuando el Govern aprobó un aumento salarial del 3% para los docentes, considerado insuficiente. USTEC y CGT denunciaron que la conselleria priorizaba inversiones en infraestructuras (como la climatización de colegios en cinco años) sobre las condiciones laborales. Mientras, partidos como Junts y PP acusaron al Govern de falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos destinados a educación, con un 20% sin justificar en 2024, según informes del Sindicat de Funcionaris.
Las medidas clave y sus implicaciones
El plan de Illa incluye cuatro ejes principales, todos con plazos y presupuestos asignados:
Recuperar las lecturas obligatorias: Niubó anunció este jueves que se reintroducirán en Bachillerato a partir de 2027-2028 y se instará a los centros a aplicarlas desde 5º de Primaria. La medida busca contrarrestar el 30% de alumnos que no leen libros fuera del horario escolar, según una encuesta del CEC de 2025.
Reducir el uso de pantallas: El Govern propondrá horarios máximos de 45 minutos diarios para dispositivos digitales en Primaria y 30 minutos en Infantil, con sanciones para centros que no cumplan. La conselleria argumenta que el tiempo frente a pantallas se ha duplicado en una década entre los menores de 12 años.
Climatización de colegios: Illa prometió invertir 500 millones de euros en cinco años para instalar sistemas de aire acondicionado y calefacción en 1.200 centros públicos, el 40% de la red. El objetivo es reducir el 35% de aulas sin temperatura estable que registró un informe del Colleja d’Enginyers en 2024.
6% del PIB para educación: El Govern se compromete a alcanzar este porcentaje —actualmente en el 4,8%—, pero no ha detallado cómo ni cuándo. La última vez que Cataluña superó este umbral fue en 2010, con el tripartito de Mas.
Sin embargo, el mayor desafío no son las medidas, sino la unidad política. Junts y PP han exigido que cualquier pacto incluya evaluaciones externas obligatorias para docentes, algo que el Govern rechaza. ERC, por su parte, ha propuesto crear un fondo de emergencia para centros en zonas rurales, donde el abandono escolar supera el 20%. Mientras, Alianza Catalana ha anunciado que pedirá la supresión de la inmersión lingüística en Primaria, una medida que podría bloquear cualquier acuerdo.
Los sindicatos, por su parte, han advertido de que no negociarán con un Gobierno que no garantice mejoras salariales. USTEC ha convocado una nueva huelga para el 15 de octubre, y CGT ha amenazado con paralizar las pruebas de acceso a la universidad si no hay un diálogo serio. La consellera Niubó ha intentado mediar, pero su credibilidad está en entredicho: el Parlament aprobó en julio una moción de censura velada contra ella por la gestión de PISA, con los votos de Junts, PP, Vox y CUP.
El calendario y los próximos pasos
El proceso tiene un plazo ajustado:
27 de septiembre de 2026: Primera reunión de la mesa educativa con todos los grupos (excepto Vox).
Octubre-diciembre 2026: Foros territoriales con profesores, familias y alumnos para recoger propuestas.
Enero-febrero 2027: Presentación de un borrador de pacto con medidas concretas.
Abril 2027: Votación en el Parlament para aprobar la hoja de ruta.
Curso 2027-2028: Implementación de las primeras medidas, como las lecturas obligatorias.
El mayor riesgo es que el pulso con los sindicatos y las divisiones internas —como la postura de Alianza Catalana— diluyan el consenso. Si no hay avances, el Govern podría verse obligado a replantear su estrategia antes de las elecciones autonómicas de 2028, donde la educación será uno de los temas clave. De momento, Illa apuesta por la estabilidad, pero la presión por resultados crece.
Mientras, Bruselas observa con lupa el caso: la Comisión Europea ha amonestado en dos ocasiones a Cataluña por incumplir los objetivos de abandono escolar (el 10% marcado para 2025). Si no hay mejoras, podría reducir los fondos europeos destinados a educación, algo que el Govern quiere evitar a toda costa.
