El PSOE estudia las propuestas de Junts, pero ERC critica la negociación y advierte de tensiones preelectorales
El Gobierno central ha reanudado las negociaciones con Junts por un real decreto-ley de vivienda que incluya la paralización de desahucios sin alternativa habitacional, como el vivido por Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada en Madrid. La medida, prevista para aprobarse el próximo martes en Consejo de Ministros, busca responder a la emergencia residencial con propuestas concretas de Junts, como desgravaciones fiscales para inquilinos y propietarios, cuentas vivienda para jóvenes y restricciones a fondos buitre.
Junts entregó al presidente Pedro Sánchez hace dos semanas un borrador con medidas ya debatidas en el Congreso en abril, como la suspensión de desahucios en viviendas de fondos especulativos o la cancelación de hipotecas si el banco las vende a menor precio. Fuentes del partido catalán confirmaron que el Ministerio de Vivienda del PSOE «estudia con interés» estas propuestas, aunque advierten de que el acuerdo debe cerrarse antes de las elecciones municipales de mayo de 2027.
El decreto-ley, que sustituiría al anterior bloqueado en abril por falta de apoyos, incluye también la recuperación de las históricas cuentas vivienda para ahorro juvenil y acelerar la construcción de vivienda nueva. Sin embargo, la negociación choca con las reticencias de otros socios del Gobierno, como ERC, que considera un «error» que el Ejecutivo negocie con Junts los límites de las políticas de vivienda. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, acusó a Junts de ser un «partido al servicio de los buitres inmobiliarios» y advirtió de que «los socios de izquierdas deben imponer» sus condiciones.
El desahucio de Maricarmen, que generó indignación social, ha acelerado el proceso. Sánchez lo calificó de «tragedia» y recordó que un decreto similar aprobado en verano habría evitado el lanzamiento. No obstante, el escudo antidesahucios para vulnerables —ofrecido a Maricarmen— no impidió la ejecución, lo que refuerza la urgencia de la norma.
El contexto preelectoral añade presión: las elecciones generales están previstas para finales de 2027, y el PSOE busca evitar que la crisis de vivienda dañe su imagen. Junts, por su parte, apuesta por medidas que ya respaldaron en el Congreso, aunque su influencia en el Gobierno sigue siendo limitada fuera de Cataluña.
