El relator Koldo Calsa exige paralizar desahucios sin alternativa habitacional y critica fondos de inversión que priorizan rentabilidad sobre derechos
El relator de la ONU sobre Vivienda, Koldo Calsa, ha calificado este jueves de «injustificable» el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con una pensión de 1.300 euros que llevaba 70 años en su vivienda en Madrid. En un hilo en Bluesky, Calsa ha denunciado que la ley española actual permite priorizar la rentabilidad inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda, y ha exigido cambios legislativos para evitar desahucios sin garantías de reubicación.
Calsa ha recordado que la ONU ya decretó medidas cautelares para suspender el desahucio temporalmente, pero la jueza no las aplicó. «Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe paralizarse hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad ofrezca una alternativa viable», ha afirmado. El caso, según el relator, refleja un problema estructural: los fondos de inversión que poseen viviendas pueden modificar unilateralmente las condiciones de alquiler para expulsar a inquilinos, incluso cuando la inversión no es rentable con ellos en la casa.
El desahucio de Maricarmen se enmarca en un contexto de creciente presión internacional sobre España por su normativa en vivienda. Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en 2025 se registraron más de 30.000 desahucios por impago de alquiler o hipoteca, un 12% más que en 2024. Mientras, el Gobierno central y las comunidades autónomas mantienen disputas sobre competencias en políticas de vivienda, con iniciativas como el «Bono Alquiler Joven» (250 euros mensuales para menores de 35 años) aún sin consenso en algunas regiones.
La reacción política en España aún no ha sido unánime. Fuentes del PSOE han señalado que el caso «refuerza la necesidad de aprobar ya la Ley de Vivienda Asequible», pendiente desde 2023, mientras que el PP ha acusado al Gobierno de «no actuar con firmeza contra fondos especulativos». Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, donde ocurrió el desahucio, no ha respondido aún a las demandas de Calsa sobre alternativas habitacionales para Maricarmen.
El caso también pone en evidencia la brecha entre las obligaciones internacionales de España —como la ratificación del Pacto de Vivienda de la ONU en 2022— y su aplicación práctica. Mientras la UE exige a los Estados miembros garantizar acceso a vivienda digna, España sigue sin un plan estatal coordinado para evitar desahucios, delegando la responsabilidad en las comunidades autónomas, donde las políticas varían según el gobierno de turno.
