El exdueño de la aerolínea aporta documentos que vinculan al Fondo FASEE con la cesión del 51% de la compañía
Julio Martínez Sola, ex presidente y accionista mayoritario de Plus Ultra, ha entregado este jueves al juez José Luis Calama nuevos documentos que refuerzan la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.
Entre los papeles figura una escritura que acredita cómo el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquirió en 2025 el 51% de Plus Ultra —1,6 millones de acciones— mediante una prenda que garantiza el reembolso de la ayuda. Según el escrito, Martínez Sola fue obligado a renunciar «irrevocablemente» a sus derechos políticos como accionista, una condición impuesta por la SEPI para cumplir con el contrato de asistencia financiera.
El rescate, concedido en dos entregas, se tramitó en el marco del FASEE, un instrumento creado en 2020 para inyectar liquidez a empresas estratégicas durante la crisis del COVID-19. La investigación del juez Calama explora si la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero —entonces presidente del Gobierno— influyó en la decisión, algo que Martínez Sola ya había sugerido en declaraciones anteriores.
La entrega de estos documentos eleva la presión sobre la SEPI, que deberá explicar cómo se gestionó la cesión de acciones y si se cumplieron los criterios legales para evitar conflictos de interés. Mientras, el caso sigue abierto en la Audiencia Nacional, donde se analiza si el rescate vulneró normas de transparencia y competencia.
El nuevo escrito también revela que la adquisición del 51% de Plus Ultra se realizó a través de la empresa SNIP Aviación en 2025, y que la prenda constituida en garantía de las obligaciones de la aerolínea frente al FASEE se formalizó en la misma escritura. Este detalle confirma que la entidad pública no solo obtuvo la participación mayoritaria, sino que también aseguró la devolución del capital mediante un mecanismo de garantía vinculada directamente al fondo de apoyo.
Además, el documento aporta evidencia de que la SEPI exigió la renuncia irrevocable de los derechos políticos de Martínez Sola como condición para la continuidad del contrato de asistencia financiera, lo que plantea interrogantes sobre la posible imposición de restricciones indebidas a los accionistas en el contexto de la ayuda estatal.
