El ministro de Transportes acusa a Sumar de regalar el Gobierno a la ultraderecha; IU responde con corrupción y Cercanías
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha bloqueado en X al diputado de Izquierda Unida Nahuel González López, tras una escalada de críticas entre socios del Gobierno sobre vivienda, corrupción y el Sáhara. El conflicto, que comenzó con ataques del ministro a Ada Colau (exalcaldesa de Barcelona y referente de Sumar), ha derivado en un bloqueo sistemático a voces críticas dentro de la coalición. González, que denunció casos de corrupción en Ferraz y la situación del Cercanías valenciano, fue el último en ser vetado.
El ministro socialista, conocido por su activismo en redes, acusó a Sumar de «regalar el Gobierno a la ultraderecha» si no se presenta bajo «20 siglas» en las próximas elecciones. La polémica estalló tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en el barrio madrileño del Retiro, que vivía por menos de 600 euros al mes. Colau criticó la falta de «políticas valientes» en vivienda, mientras Puente replicó que la solución es «ponerse de acuerdo» y evitar la fragmentación electoral.
La tensión trasciende lo digital: Gerardo Pisar ello, coportavoz de los Comuns en el Congreso, exigió «menos bravuconadas y más concreciones», vinculando los casos de corrupción del PSOE y la inacción en vivienda como los verdaderos regalos a la derecha. Por su parte, Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, alineó su crítica con la de Colau: «No es quién es más de izquierdas, sino para qué se está en el Gobierno».
El bloqueo de Puente a González refleja una fractura interna en la coalición. Mientras el ministro insiste en que «gobernar es cambiar las cosas», sus críticos en Sumar e IU señalan que su estilo en redes —y su gestión— alimentan la polarización. La guerra en X contrasta con la urgencia social: según datos del Gobierno, más de 1,2 millones de hogares están en riesgo de exclusión residencial en España, según el último informe del Observatorio de la Vivienda (2025).
El episodio subraya los límites de una coalición donde el diálogo se sustituye por ataques en redes, mientras el reloj corre para evitar que la ultraderecha capitalice el descontento con políticas sociales. La próxima cita electoral —prevista para 2027— podría ser el termómetro definitivo de esta grieta.
