La presidenta madrileña replica a Sánchez que la Policía ejecutó la orden y cifra en 25.500 los desahucios anuales en España.
Un encuentro con empresarios celebrado este jueves sirvió de escenario para que Isabel Díaz Ayuso respondiera a las críticas del Ejecutivo central por el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de su casa en el distrito madrileño de Retiro. La presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de «barra libre de demagogia inasumible» los reproches procedentes del palacio de la Moncloa. Según defendió la dirigente autonómica, la intervención policial respondió a un mandato judicial derivado de una normativa estatal que no depende de su administración.
El choque institucional estalló tras las declaraciones emitidas el miércoles desde Nueva York por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno señaló de forma directa a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por desatender a las personas vulnerables. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, también sumó sus críticas a la gestión autonómica en este episodio. En respuesta, la líder regional subrayó que la Policía Nacional, cuerpo bajo el mando del Ministerio del Interior, ejecutó la orden dictada por los tribunales.
La mandataria madrileña situó el conflicto dentro de un balance territorial más amplio y recordó que en España se producen 25.500 desahucios cada año. Durante su intervención, expuso que Cataluña encabeza estas cifras a nivel nacional, seguida por Andalucía y la Comunidad Valenciana, dejando a la región madrileña en el cuarto puesto. «Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez», argumentó para contrarrestar la ofensiva del Gobierno central.
El debate sobre el modelo residencial profundiza la brecha ideológica entre ambas administraciones. Díaz Ayuso reivindicó que su comunidad autónoma lidera la construcción de vivienda libre y protegida en el país gracias a sus políticas liberales y la salvaguarda de la propiedad. Al mismo tiempo, censuró la legislación estatal de vivienda impulsada por el gabinete de coalición. A su juicio, el marco normativo aprobado en el Congreso encarece los arrendamientos y perjudica a los asalariados ante la presión fiscal.
