El Ejecutivo negocia con Sumar para aprobar medidas antidesahucios y prórroga de alquileres antes del Consejo de Ministros del 24 de septiembre, tras el impacto social del caso de la mujer de 87 años expulsada por la Policía Nacional
Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada por la Policía Nacional este miércoles, ha acelerado la aprobación de un decreto de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez llevaba paralizado desde julio. El Ejecutivo, presionado por la indignación social y las críticas de colectivos de inquilinos y fuerzas de izquierda, busca aprobar el texto en el próximo Consejo de Ministros —previsto para el 24 de septiembre—, incluso sin garantías de apoyo parlamentario.
El decreto, que incluye medidas como un escudo antidesahucios y la prórroga de alquileres por dos años, enfrenta resistencias internas. Sumar exige su aprobación inmediata, mientras el PSOE busca consensos con socios como Junts, que defienden posturas cercanas al PP y Vox en materia de vivienda. Fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que se negocia una fórmula intermedia: paralizar desahucios hasta que la administración ofrezca alternativa habitacional, pero asumiendo los costes.
El desahucio de Maricarmen, con imágenes que recordaron a la crisis de 2008, ha sido el detonante. El Gobierno, que prometió hacer de esta legislatura «la de la vivienda», asume que la fotografía de la anciana expulsada por antidisturbios es un golpe durísimo para su credibilidad. Aunque el texto lleva meses en borrador, su aprobación se retrasó por la falta de apoyo parlamentario, especialmente de Sumar, que exigía un paquete integral.
El borrador original incluía, además de los antidesahucios, la prórroga de alquileres para 2026-2028 y el endurecimiento de regulaciones para evitar fraudes en alquileres temporales. Sin embargo, también contemplaba relajar la ley del suelo para facilitar la construcción de viviendas, un punto de fricción con la izquierda.
Fuentes de Sumar confirmaron a elDiario.es que las negociaciones con el PSOE se han intensificado tras el caso de Maricarmen. Aunque no hay fecha cerrada, el objetivo es llevar el texto al Consejo de Ministros del próximo martes. El PSOE, presionado por la opinión pública y sectores mediáticos afines, estudia aprobarlo, aunque evita confirmar una decisión definitiva.
Una de las estrategias sobre la mesa es desglosar el decreto: aprobar primero las medidas antidesahucios, que podrían contar con mayor consenso, y dejar el resto para una fase posterior. Sin embargo, Sumar insiste en que el paquete debe aprobarse íntegro, como se envió inicialmente a los grupos parlamentarios.
El mecanismo legal: cómo funcionan los desahucios y la propuesta del Gobierno
La legislación actual establece que, tras una orden de desahucio, hay un plazo de cuatro meses para que la administración —comunidades autónomas o ayuntamientos— garantice una alternativa habitacional. Si no se ofrece solución, el desahucio se reactiva. El decreto del Gobierno propone mantener la paralización hasta que el inquilino vulnerable tenga una alternativa, pero que sea la administración —no el propietario— quien asuma los costes durante el proceso.
Esta medida busca equilibrar las posturas: la izquierda exige prohibir los desahucios sine die, mientras Junts y las derechas alertan sobre la inseguridad jurídica para los propietarios. La fórmula intermedia evita la confrontación frontal, aunque podría generar tensiones con sectores más radicales de Sumar.
El contexto político: por qué este decreto es clave para el Gobierno
El Ejecutivo lleva meses sin aprobar normas sociales relevantes, y la vivienda es un tema prioritario en su agenda. El retraso se debió a la falta de acuerdo con Sumar, que exigía un texto más ambicioso. Ahora, el caso de Maricarmen ha cambiado el escenario: la presión social y mediática obliga a actuar, incluso con riesgos parlamentarios.
El PSOE, aunque gobierna con Sumar, depende de su apoyo en temas clave. Aprobar el decreto sin garantías de convalidación podría generar roces, pero la urgencia social supera los cálculos políticos. Además, el Gobierno asume que, sin medidas contundentes, la indignación por los desahucios podría escalar en las próximas semanas.
El PP y Vox, en la oposición, criticarán cualquier avance en vivienda, pero su rechazo no es obstáculo para un decreto aprobado en Consejo de Ministros. La clave está en Sumar: si acepta la fórmula intermedia, el texto podría salir adelante. Si no, el Gobierno deberá buscar alternativas, como aprobar solo las medidas antidesahucios y dejar el resto para otra vía.
El plazo es ajustado: el Consejo de Ministros del 24 de septiembre es la fecha límite. Si no se aprueba entonces, el decreto podría retrasarse hasta octubre, cuando el debate social por la vivienda esté aún más caldeado.
El caso de Maricarmen no es aislado. Según datos del Ministerio de Vivienda, los desahucios por impago de alquileres se dispararon un 30% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de los afectados son mayores de 65 años o familias con hijos, grupos especialmente vulnerables.
El decreto también incluye medidas para frenar el turismo de alquileres, un problema grave en ciudades como Madrid o Barcelona. El borrador endurece las sanciones por alquileres fraudulentos y limita los contratos temporales, que permiten a los propietarios subir precios y cambiar de inquilinos con frecuencia.
Sin embargo, la reforma de la ley del suelo —que flexibilizaría las normas para construir viviendas— podría generar conflictos. Mientras la izquierda exige más protección para los inquilinos, sectores del PSOE y de la patronal defienden que la construcción debe ser más ágil para bajar precios.
El Gobierno sabe que, sin avances en vivienda, perderá apoyo en un tema que moviliza a la ciudadanía. Por eso, aunque el decreto no cuente con el respaldo de PP y Vox, su aprobación en Consejo de Ministros sería un mensaje claro: la legislatura de la vivienda no se detiene.
