La Fiscalía del TS desestima las denuncias de tres particulares por falta de pruebas y califica las acusaciones de ‘hipótesis elucubrativas’
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado hoy las diligencias contra Isabel Díaz Ayuso por la compra de un ático de lujo en Chambera por 6,3 millones de euros. El decreto, firmado por la fiscal Ángeles Garrido, rechaza las denuncias de tres particulares al considerar que se basan en «hipótesis elucubrativas» y «inferencias» sin pruebas.
La fiscal argumenta que las acusaciones —que imputaban a Ayuso delitos de prevaricación y malversación— carecen de «dato alguno» y se apoyan únicamente en recortes de prensa. El Supremo recuerda que la mera referencia a noticias periodísticas no justifica una investigación penal, según doctrina consolidada de su Sala Segunda.
El inmueble, adquirido en julio por la empresa pública Planifica Madrid, sigue en manos de la Comunidad de Madrid tras fracasar su intento de venderlo. El Gobierno regional había justificado inicialmente su uso como oficinas, aunque luego reconoció que sería para «alojamiento». La vivienda, de 486 metros cuadrados, está frente al piso que Ayuso recibió de su padre y donde vive su madre.
El decreto señala además la falta de individualización de la conducta atribuida a la presidenta y que las acusaciones parten de «hipótesis elucubrativas». Se destaca que la operación de venta, que se puso en marcha en julio, fracasó justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa.
Estas diligencias son independientes de las denuncias presentadas por Iustitia Europa, el PSOE y Más Madrid, que sí siguen en trámite judicial. El juzgado de Madrid ha abierto una pieza separada para analizar la documentación aportada, incluyendo el expediente de compra que no aclara quién ordenó la búsqueda del piso ni por qué se eligió uno en el barrio donde creció Ayuso.
La decisión del Supremo cierra, de momento, este frente penal contra la presidenta madrileña, aunque las denuncias de los partidos y la organización ciudadana siguen activas. El caso refleja la tensión entre la fiscalía y los denunciantes sobre los límites entre la crítica política y la imputación penal en operaciones públicas controvertidas.
