La alcaldesa socialista exige transferir fondos estatales para vivienda y acusa al Gobierno gallego de ‘mercadear’ con la crisis habitacional
Inés Rey, alcaldesa de La Coruña, ha anunciado este miércoles que recurrirá a «mecanismos legales» si la Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, retiene los 5,1 millones de euros destinados a ayudas de vivienda para la ciudad. La declaración de La Coruña como zona pensionada —una medida del Ministerio de Vivienda— debería haber activado la transferencia directa a los ayuntamientos, pero el Ejecutivo autonómico se niega a liberarlos.
Rey acusó al Gobierno gallego de «apropiarse indebidamente» de fondos que, según ella, «no corresponden» a la Xunta. La alcaldesa insistió en que los recursos deben llegar a los municipios, donde se conoce «de primera mano» la realidad del mercado inmobiliario. «Si esto se hace y hay mecanismos legales, los utilizaré», advirtió, tras señalar que las partidas están bloqueadas desde que el Ministerio anunció su asignación.
El conflicto se enmarca en la polémica por la declaración de zonas pensionadas, una herramienta del Gobierno central para frenar el alquiler descontrolado. Hasta ahora, solo La Coruña y Santiago de Compostela —esta última gobernada por Goretti Sanmartín, también del PSOE— han sido incluidas. Sin embargo, Ana Pontón, líder del BNG, criticó en el Parlamento gallego que la Xunta no amplíe la medida a otros municipios con problemas similares, como Vigo o Ourense.
Alfonso Rueda defendió su postura con datos: entre julio de 2025 y julio de 2026, los contratos de alquiler en La Coruña cayeron un 52%, pasando de 734 a 349. Para el presidente gallego, esto demuestra que la oferta residencial ya se ha ajustado sin necesidad de intervenciones adicionales. No obstante, su negativa a transferir los fondos ha escalado el conflicto con los ayuntamientos socialistas, que exigen mayor control sobre las ayudas.
La tensión refleja un debate más amplio: mientras el Gobierno central busca soluciones urgentes a la vivienda, las comunidades autónomas —con competencias en urbanismo— discuten quién debe gestionar los recursos. En este caso, la Xunta alega que los fondos ya están destinados a las dos ciudades, pero los ayuntamientos reclaman autonomía para decidir su uso. El recurso legal de Rey podría abrir un precedente sobre cómo se reparten las competencias en crisis como esta.
