Roberto Rodríguez advierte que el acuerdo pactado en el Congreso elimina garantías clave aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Congreso, Roberto Rodríguez, denunció este lunes que el acuerdo entre PSOE y BNG para transferir la autopista AP-9 a Galicia puede suponer un coste de hasta 4.000 millones de euros para la comunidad, al eliminar garantías económicas y competenciales aprobadas por unanimidad en el Parlamento gallego en mayo.
El texto pactado en Madrid, aprobado en julio por la izquierda, modifica condiciones esenciales del acuerdo gallego, como la obligación del Estado de asumir los costes derivados de sus decisiones durante los 16 años en que gestionó la infraestructura. Rodríguez señaló que se trasladan a una futura Comisión Mixta de Transferencias aspectos clave —como el alcance de las competencias o nuevas bonificaciones—, en lugar de fijarlos en la ley, lo que deja sin definir responsabilidades económicas.
Entre las garantías suprimidas, el PP destaca la eliminación del incremento acumulativo del 1% anual en las tarifas durante 20 años, la cláusula que protegía a Galicia de responsabilidades por decisiones estatales y la obligación del Estado de financiar actuaciones ya comprometidas. Rodríguez exigió que cualquier eventual nulidad de las prórrogas de la concesión —por decisión europea— recaiga sobre los gobiernos estatales que las aprobaron, no sobre los gallegos.
El portavoz popular calificó el acuerdo de «transferencia trampa» y «traición» al consenso gallego, recordando que durante 16 años todos los partidos del Parlamento autonómico reclamaron una AP-9 «libre de cargas». Criticó que el BNG apoye en Madrid condiciones que los nacionalistas catalanes rechazan para Cataluña, como la asunción de costes estatales. «Lo que debería pagar Sánchez, el BNG quiere que lo paguemos los gallegos», afirmó.
La transferencia, aprobada sin el respaldo del PP, entrará en vigor sin que el Estado asuma los costes de infraestructuras ya comprometidas ni las consecuencias de decisiones previas, como las prórrogas de la concesión. El PP advirtió que presentará esta cuestión al inicio del nuevo curso político, en septiembre, como uno de los principales conflictos pendientes.
