El partido acusa al pacto PSOE-BNG-Sumar en el Congreso de imponer un acuerdo que perjudicaría a la comunidad autónoma
El Partido Popular de Galicia ha situado el traspaso de la autopista AP-9 como prioridad del nuevo curso político y ha solicitado formalmente la intervención de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Xunta para revisar la ley tramitada en Madrid. El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, denunció este lunes que el pacto entre PSOE, BNG y Sumar en el Congreso podría suponer un coste de 4.000 millones de euros para los gallegos.
Rodríguez defendió que la transferencia debe respetar «escrupulosamente» el texto aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica, en contraste con lo que considera una imposición desde el Gobierno central. La Comisión Bilateral, solicitada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se presenta como el mecanismo para «corregir» la normativa, según las declaraciones del portavoz popular.
La AP-9, que conecta Ferrol con la frontera portuguesa, es una de las principales vías de comunicación de Galicia y su gestión ha sido objeto de disputa entre administraciones. El PP gallego argumenta que el acuerdo alcanzado en el Congreso ignora las competencias autonómicas y podría encarecer el mantenimiento de la infraestructura, una preocupación compartida por sectores económicos de la comunidad.
El precedente más reciente en este tipo de traspasos es el de la AP-7 en Cataluña, donde la Generalitat asumió su gestión en 2021 tras años de negociaciones. Sin embargo, el caso gallego introduce un nuevo elemento de conflicto: la cifra de 4.000 millones, que el PP vincula directamente al pacto entre los tres partidos en Madrid, sin detallar cómo se calcula ese impacto.
La Comisión Bilateral, órgano de coordinación entre el Estado y la Xunta, tiene entre sus funciones resolver discrepancias en la aplicación de normas que afecten a competencias compartidas. Su convocatoria, sin embargo, no garantiza un acuerdo inmediato, ya que requiere consenso entre ambas partes. El Gobierno central, por su parte, no ha respondido aún a la solicitud formal presentada por Rueda.
