La consellera Paneque propone incluir el delito en el Código Penal y vincula los robos a mafias organizadas que paralizan trenes y estaciones eléctricas
El **Govern de la Generalitat**, liderado por Salvador Illa, ha propuesto al Gobierno central incluir el **robo de cobre** como delito grave en el Código Penal para frenar su alza en Cataluña. Según la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo, **Sílvia Paneque**, estos robos —que afectan especialmente a las líneas de **Rodales** y estaciones de recarga de vehículos eléctricos— ya no se considerarán simples hurtos, sino **procedimientos penales** que podrían llevar a prisión a los responsables.
El delito, que ha crecido con el aumento del precio del cobre, provoca **interrupciones de horas** en el servicio ferroviario al robar cables esenciales para la electricidad de los trenes. Paneque destacó que el Govern trabaja desde hace semanas en **medidas de seguridad** para dificultar el acceso a las infraestructuras, aunque reconoció que la red de Rodales —en plena adecuación por obras— sigue siendo vulnerable. Hasta ahora, solo se han registrado **dos detenciones relevantes**, pero el Ejecutivo catalán insiste en que actúa contra las **mafias organizadas** detrás de estos robos.
La reforma, impulsada en colaboración con el **Ministerio del Interior** (dirigido por Fernando Grande-Marlaska), busca alinear la lucha contra este delito con la contundencia ya aplicada a otros como la **multirreincidencia**. Mientras, el **Ministerio de Transportes** ha licitado más cámaras de videovigilancia, que se instalarán en puntos críticos de las líneas de Rodales, con el objetivo de identificar a los culpables y disuadir futuros robos, y los **Mossos d’Escuadra** han desplegado un **dispositivo especial** para mitigar los robos, aunque Paneque admitió que la red abierta de Rodales complica su prevención.
El Govern justifica la medida con datos que muestran una **disminución general de delitos** en Cataluña, pero señala que el robo de cobre —que afecta a la **movilidad diaria**— requiere una respuesta penal específica. La propuesta aún debe ser aprobada por el Gobierno central, donde Marlaska ya ha confirmado su apoyo a endurecer las penas.
