El Supremo paralizó la inscripción de 12.000 ciudadanos que recuperaron la nacionalidad por la disposición octava de la ley, bajo presión del PP y Vox
El PSOE lanzó este lunes una campaña masiva a sus 140.000 afiliados para presionar al Tribunal Supremo y evitar que pierdan el derecho al voto los españoles que recuperaron su nacionalidad mediante la **Ley de Nietos** (disposición octava de la Ley de Memoria Democrática). La formación socialista les instó a firmar una petición urgente para que el alto tribunal revierta su decisión cautelar de suspender su inscripción en el censo electoral.
La medida afecta a **12.000 ciudadanos** —según datos del Ministerio de Justicia— que obtuvieron la nacionalidad por descendencia de víctimas del franquismo. El Supremo argumentó que su inclusión en el padrón electoral podría afectar a la objetividad y transparencia de las urnas, una postura que el PSOE atribuye a una estrategia de la «extrema derecha y la derecha» para «convertirlos en ciudadanos de segunda».
El partido no menciona explícitamente al PP ni a Vox, pero sí los califica en el correo interno como «las derechas herederas del franquismo». La carta, dirigida personalmente a cada militante por su nombre, advierte de que «la amenaza a nuestra democracia es real» y apela a la movilización para ejercer «presión necesaria» sobre el tribunal. Desde Ferraz confirmaron a este medio que este tipo de cartas masivas son habituales, como la enviada el verano pasado contra la crisis climática.
El conflicto se enmarca en un debate legal abierto desde 2022, cuando el Supremo cuestionó por primera vez la validez de la disposición octava. El PP y Vox llevan meses denunciando que la ley beneficia a «falsos españoles» sin vínculos reales con España, mientras el Gobierno y el PSOE la defienden como herramienta de reparación histórica. La suspensión cautelar, adoptada el 9 de septiembre, deja en el aire si estos ciudadanos podrán votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027.
La estrategia del PSOE contrasta con su reticencia a criticar directamente al Supremo. En lugar de cuestionar la legalidad de la decisión, la formación socialista centra su discurso en el «riesgo democrático» de privar de voto a quienes ya son ciudadanos, un argumento que podría ganar peso si el tribunal mantiene su postura en la resolución definitiva.
