El Pleno, con ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, rechaza los recursos del Senado y del PP al considerar que el acuerdo no vulnera la Constitución
Pedro Sánchez y Emmanuel Macron firman el Tratado de Amistad y Cooperación en Barcelona en enero de 2023, pero el Senado lo cuestiona y el Tribunal Constitucional resuelve hoy su constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles por unanimidad el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por los presidentes Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, y rechazado previamente por el Senado con los votos del PP y Vox. La decisión, adoptada en el Pleno con ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez, considera que el acuerdo no contiene «ninguna contradicción con la Constitución», según fuentes jurídicas consultadas por EFE.
El tratado, que permite a ministros franceses asistir al Consejo de Ministros español —y viceversa— al menos una vez cada tres meses, fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de junio con los votos decisivos de Junts y Podemos, tras meses de bloqueo parlamentario. El Senado, en cambio, lo cuestionó el 9 de julio al entender que vulneraba hasta siete artículos de la Constitución, lo que llevó al PP a presentar un recurso ante el Constitucional en febrero de 2025.
El fallo del Pleno, adoptado por unanimidad, se centra en el artículo 2.4 del tratado, que establece la asistencia rotatoria de ministros de ambos países a las reuniones del Consejo de Ministros. Según la sentencia, el texto aclaratorio intercambiado entre ambos gobiernos —que especifica que estas reuniones serán «separadas y aparte» del Consejo de Ministros— elimina cualquier riesgo de inconstitucionalidad.
El PP y Vox habían argumentado que el tratado permitía una injerencia extranjera en la soberanía nacional, pero el Constitucional descarta esta interpretación. La decisión sienta un precedente sobre cómo se aplicará en el futuro la cláusula de cooperación institucional entre España y Francia, especialmente en temas como seguridad, defensa y política exterior.
El contexto legal: ¿por qué el Senado cuestionó el tratado?
El Senado impugnó el tratado el 9 de julio de 2026 al considerar que vulneraba siete artículos constitucionales, entre ellos el artículo 97 (sobre la potestad reglamentaria del Gobierno) y el artículo 149.1.30 (competencias exclusivas del Estado en relaciones internacionales). Sin embargo, el Constitucional ha determinado que el texto aclaratorio —firmado por ambos gobiernos— garantiza que las reuniones con participación francesa no formarán parte del orden del día oficial del Consejo de Ministros, sino que serán encuentros paralelos sin poder decisorio.
El PP ya había intentado bloquear el tratado en febrero de 2025, cuando presentó un recurso preventivo ante el Constitucional. Sin embargo, el tribunal lo archivó al no estar aún aprobado por el Congreso, lo que obligó al partido a repetir la estrategia tras su aprobación parlamentaria. La decisión de hoy cierra el proceso y permite que el tratado entre en vigor.
Implicaciones políticas: ¿qué gana cada partido?
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la sentencia es un triunfo político que refuerza su capacidad de negociación con Francia en temas clave como la OTAN, la UE y la gestión de fronteras. El tratado, además, consolida un eje bilateral que ha sido clave en la política exterior española durante los últimos años, especialmente en la crisis migratoria y la transición energética.
El PP, por su parte, queda en una posición débil: su recurso ha sido rechazado por unanimidad, lo que dificulta su argumentario sobre soberanía nacional. Aunque el partido había advertido de un posible «ceder a presiones extranjeras», la sentencia del Constitucional limita su margen para criticar el acuerdo sin entrar en contradicción con la interpretación jurídica oficial.
Vox, que también apoyó la impugnación del Senado, se enfrenta a un dilema: por un lado, el tratado refuerza la cooperación con Francia, un país que su líder, Santiago Abascal, suele criticar por su política migratoria; por otro, la derrota legal les permite mantener una postura de «defensa de la soberanía» sin asumir responsabilidades directas.
En el caso de Junts y Podemos, su apoyo al tratado en el Congreso les ha permitido consolidar su imagen como partidos «europeístas» y proclives a la cooperación internacional, algo que contrasta con el discurso más nacionalista del PP y Vox. Sin embargo, su decisión también ha generado tensiones internas en Podemos, donde sectores más críticos con la política exterior de Sánchez han mostrado su disconformidad.
El tratado, una vez ratificado, permitirá una coordinación más fluida entre ambos países en áreas como defensa (compras conjuntas de armamento), seguridad interior (lucha contra el terrorismo y el crimen organizado) y transición ecológica (proyectos de hidrógeno verde y redes eléctricas transfronterizas). Francia, por su parte, había mostrado su interés en que España se alineara con su política de «autonomía estratégica» frente a Alemania y Estados Unidos.
La sentencia del Constitucional también tiene implicaciones para futuros tratados bilaterales. Si el tribunal ha validado el mecanismo de reuniones paralelas, podría abrir la puerta a acuerdos similares con otros países, siempre que se respeten los límites constitucionales sobre soberanía y potestad reglamentaria.
