El caso estalla en el Congreso: socios del Gobierno exigen medidas urgentes mientras la ministra defiende el decreto bloqueado
Maricarmen, una mujer de 87 años, ha sido desahuciada este miércoles en Madrid tras que un fondo de inversión elevara su alquiler de 500 a 1.650 euros mensuales en una vivienda que ocupaba desde hace siete décadas. El caso ha provocado un enfrentamiento en el Congreso entre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y sus socios de Gobierno, que exigen medidas inmediatas.
Rodríguez atribuyó el desahucio a la especulación salvaje y acusó a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso de trabajar en dirección contraria a las soluciones. La ministra defendió que el Gobierno intentó mediar con la empresa propietaria, pero los socios —Sumar, Podemos y ERC— criticaron su gestión. Gabriel Rufián (ERC) tachó de ‘indecente’ el caso y exigió que Rodríguez meta mano al mercado, mientras Yolanda Díaz pidió detener el desahucio ‘de inmediato’. Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) calificó el episodio de ‘vergüenza’ y exigió aprobar el decreto de vivienda, bloqueado por PP, Vox y Junts.
El decreto, que incluye medidas antidesahucios, necesita el apoyo de los socios que ahora critican a Rodríguez. Tesh Sidi (Más Madrid) abandonó el hemiciclo visiblemente afectada, y Javier Sánchez Serna (Podemos) denunció violencia policial contra activistas que intentaron evitar el desahucio. El caso refleja la división interna del Gobierno y la falta de consenso para aprobar normas que eviten situaciones similares.
El desahucio se produce en un contexto de crisis de vivienda agravada por fondos de inversión que compran pisos para alquileres turísticos o especulación. Según datos del Ministerio, el 30% de los desahucios en España en 2026 están vinculados a subidas de alquiler superiores al 50%. El Gobierno ya había prorrogado la moratoria antidesahucios, pero PP y Vox la tumbó en el Congreso en julio, dejando sin protección a miles de arrendatarios.
El caso de Maricarmen podría servir como testigo clave en el debate parlamentario sobre el decreto, cuya aprobación depende de que los socios superen sus críticas internas. Mientras, la ministra Rodríguez insiste en que el texto incluye herramientas para evitar desahucios, pero sus aliados exigen acciones concretas y no solo discursos. La presión crece: si el decreto no se aprueba, el Gobierno enfrentará nuevas acusaciones de inacción en un tema que moviliza a colectivos sociales y partidos.
