El Gobierno de Sánchez argumenta garantías judiciales, pero Sumar y Podemos bloquean el proceso con un recurso basado en persecución política. Stella Schnabel, pareja del detenido, presiona con reuniones parlamentarias
El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado este martes continuar con la solicitud de extradición de James Fergie Chambers, el millonario filántropo detenido en Madrid por una petición de Estados Unidos. La acusación se basa en un supuesto apoyo a Hamás, aunque el equipo legal de Chambers —dirigido por Baltasar Garzón— alega que no hay pruebas concretas de violencia ni daños personales atribuibles a él.
La decisión, adoptada en el Consejo de Ministros, traslada ahora el caso a la Audiencia Nacional, donde se evaluarán las garantías procesales. El Gobierno, a través de la ministra portavoz Elma Saiz, se limitó a señalar que se trata de una fase «puramente procedimental». Sin embargo, Sumar y Podemos ya han presentado un recurso ante el Consejo de Ministros para paralizar el proceso, invocando el artículo 5.1 de la Ley de Extradición Pasiva por «indicio objetivo de persecución política».
Este caso marca un precedente: es la primera vez que EEUU solicita la extradición de un ciudadano por supuestos vínculos con Hamás. El equipo jurídico de Chambers argumenta que la acusación se basa en conceptos legales estadounidenses sin equivalente en España, como «conspiración para cometer disturbios», lo que debilitaría la solicitud. Además, denuncian que el Gobierno estadounidense busca criminalizar la protesta política.
Stella Schnabel, pareja del detenido, ha intensificado su presión con reuniones con diputados de Sumar y Podemos para defender su inocencia. El caso, que ahora depende de una decisión final del Ejecutivo, podría convertirse en un test para la política exterior española en materia de derechos humanos y extradiciones.
