El president reconoce que el Govern conocía las incidencias pero no las corrigió pese a seis informes técnicos que alertaban de la situación
Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, ha reconocido hoy en el Parlament que el departamento de Educación conocía desde abril de 2025 los fallos que llevaron a la exclusión de Cataluña del informe PISA. Según admitió durante el debate monográfico sobre el fiasco de las pruebas, las incidencias «podían haberse corregido» pero no se actuó a tiempo.
El Govern recibió hasta seis informes técnicos que alertaban de la situación, pero no se activaron las medidas de corrección cuando «todavía existía margen para actuar». La exclusión de Cataluña del informe PISA —que evalúa el rendimiento educativo de estudiantes de 15 años en más de 80 países— se produjo por errores en la recogida y procesamiento de datos, según confirmaron fuentes del departamento.
El fiasco afecta directamente a más de 200.000 alumnos catalanes que participaron en las pruebas en 2024, cuyos resultados no podrán compararse con los de otros territorios ni con ediciones anteriores. La Generalitat ya había sido advertida en 2023 por la OCDE sobre posibles irregularidades en el proceso, aunque entonces no se detectaron fallos graves.
Este reconocimiento de Illa llega tras semanas de presión parlamentaria y críticas desde la oposición, que denunció la opacidad del Govern. Junts per Cataluña y el PP ya habían exigido explicaciones públicas, mientras que ERC —socio de gobierno— evitó pronunciarse hasta ahora. El caso podría tener consecuencias legales, ya que la ley obliga a las administraciones a garantizar la transparencia en procesos educativos evaluados internacionalmente.
El debate en el Parlament se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia las políticas educativas catalanas. En los últimos dos años, Cataluña ha sido objeto de críticas por su gestión en pruebas estandarizadas, como el informe TIMSS (2023), que también mostró resultados por debajo de la media española. La exclusión de PISA agrava esta percepción y podría influir en futuras decisiones presupuestarias del Estado sobre fondos educativos.
